Ximo Puig apela al consenso de toda la sociedad valenciana para sellar un acuerdo de reconstrucción: «Nada va a ser fácil si no sumamos todos los esfuerzos»

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Considera un «buen inicio» para un «debate riguroso» en Les Corts el informe del IVIE que fija la hoja de ruta para la recuperación económica, y destaca que es primer documento en España de este tipo

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha apelado al consenso y a la unidad para avanzar, más que hacia la «nueva normalidad», hacia una «normalidad mejorada» que garantice una sociedad más prospera y con mayor inclusión ante la crisis provocada por la expansión de la pandemia de COVID-19.

«Tenemos que levantarnos y mirar hacia adelante para garantizar la recuperación, y, para eso, necesitamos concitar todos los esfuerzos y todas las voluntades», ha recalcado el president, que ha añadido: «Nada va a llegar gratis, nada va a ser fácil si no hay esa voluntad de verdad de arremangarse y de mirar hacia adelante juntos».

El presidente ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia para presentar el informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) ‘La superación de la crisis de la COVID-19 en la Comunitat Valenciana: una hoja de ruta de la reconstrucción de la economía’, documento que previamente ha sido trasladado a las síndicas y los síndics de les Corts en una reunión mantenida en el Palau de la Generalitat.

El presidente ha estado acompañado en el acto por el director de Investigación del IVIE, Francisco Pérez, y el director adjunto de Investigación del mismo organismo, Joaquín Maudos, que también han participado en la reunión con los grupos parlamentarios.

El jefe del Consell ha recordado que se comprometió a encargar este informe para que sirviera de punto de partida en Les Corts para la Comisión Especial de Estudio para la Reconstrucción Social, Económica y Sanitaria, que aprueba este viernes su plan de trabajo. A este respecto, Puig ha subrayado que el documento, en el que se identifican las debilidades de la Comunitat y se establecen medidas a corto, medio y largo plazo para fortalecer su sistema productivo, constituye un «buen inicio» para un «debate riguroso».

«Diagnóstico compartido» para una «solución compartida»

Puig, que ha destacado que, para llegar a una «solución compartida, resulta conveniente partir también de un «diagnóstico compartido», ha valorado la «receptividad» y «disposición» que ha observado en la reunión mantenida este jueves con las portavoces y los portavoces de Les Corts, y ha señalado que el documento aportado por una institución del prestigio del IVIE hace que la Comunitat sea la primera autonomía en contar con una herramienta de esas características que le permitirá avanzar en los trabajos de una comisión específica para la recuperación.

El presidente ha incidido, por otro lado, en la necesidad de «acelerar» los procesos para hacer frente a los retos que se le plantean a la Comunitat Valenciana a la hora de lograr una convergencia con la renta media de España y de Europa, y también en ámbitos como el envejecimiento de la población, la transición climática o la digitalización. «Ahora es más urgente que nunca», ha dicho el presidente.

En este sentido, ha manifestado que se está marcando el itinerario de toda una década, por lo que se ha de pensar en las próximas generaciones, «y no en las próximas elecciones», y ha subrayado que el «espacio del insulto» que se aprecia en otros lugares de España «es un intangible negativo para la recuperación» que espera que «no contagie» a la política valenciana.

Por su parte, el director de Investigación del IVIE, el catedrático Francisco Pérez, ha expuesto las principales líneas del informe, que traza una hoja de ruta para la recuperación con un doble objetivo: recuperar cuanto antes el nivel de bienestar previo» a la pandemia de COVID-19 y reducir la brecha que separaba a la Comunitat Valenciana de la media nacional en renta per cápita antes de la crisis.

Infrafinanciación «tan duradera como injustificada»

Francisco Pérez también se ha referido a la necesidad de contar con un «horizonte financiero sostenible», y ha aludido en este sentido a la necesidad de dar solución a la infrafinanciación que arrastra la Comunitat Valenciana «tan duradera como injustificada».

El propio documento establece a este respecto que «la reconstrucción exige solidaridad a muchos niveles, y también en el interterritorial, porque la Comunitat Valenciana, ni por su nivel de renta ni por el trato financiero que recibe de los ingresos públicos, cuenta con los mismos recursos que otras comunidades para poner en pie su reconstrucción en condiciones similares a otras».

La hoja de ruta trazada en este documento «exige el compromiso y colaboración de todos los actores de la economía y sociedad valenciana». Por ello, subraya que la incorporación al grupo de regiones más dinámicas «reclama un gran pacto» que cuente con el consenso del Consell y las fuerzas políticas representadas en Les Corts, las demás administraciones públicas, las empresas, los sindicatos, las universidades, las organizaciones sociales y la sociedad civil.

El informe menciona «las limitaciones del sector público valenciano para ejecutar políticas de desarrollo regional, como consecuencia de su financiación claramente inferior a la media de las comunidades». «Mantener unos niveles de gasto por habitante en sanidad y educación similares a la media supone un esfuerzo financiero mayor para la Generalitat y reduce sustancialmente los recursos disponibles para el resto de políticas, en especial para las de fomento del desarrollo regional. Las consecuencias de esa situación son más graves en las actuales circunstancias», argumenta.

Horizontes temporales a corto, medio y largo plazo

Para asentar las bases de la reconstrucción y responder a los retos a los que se enfrenta la Comunitat Valenciana, se plantean tres horizontes temporales, a corto, medio y largo plazo. Los principales objetivos en cada uno de esos horizontes son:

A corto plazo, se establece la necesidad de aplanar la curva de contagios y ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario; sostener el empleo y el tejido productivo; proteger los ingresos de los más perjudicados y mantener y reforzar la capacidad de pago de las administraciones públicas valencianas.

A medio plazo, se propone volver a generar ingresos para que puedan seguir funcionando el sector privado y el público; evitar el riesgo que representa un endeudamiento público insostenible; mejorar la seguridad del sistema de salud; mejorar la situación de las residencias de personas mayores; adaptar la educación a las limitaciones derivadas del riesgo de contagio y combatir sus potenciales consecuencias para la igualdad de oportunidades; reforzar la capacidad de competir en el nuevo escenario globalizado, fortalecer el tejido productivo para ganar productividad e incorporar el conocimiento como palanca básica para ganar competitividad.

A largo plazo, para acortar la brecha que separa a la Comunitat en PIB per cápita y en productividad de la media nacional, es necesario abordar reformas estructurales para corregir las debilidades del tejido empresarial y del sector público. Esto requiere, en el ámbito privado, el refuerzo del capital humano y del esfuerzo inversor en intangibles, en particular en I+D de las empresas; fomentar el crecimiento de las empresas y la profesionalización de su dirección; aprovechar las oportunidades de la nueva normalidad. Y en ámbito el público, se necesita la modernización de la Administración; la agilización del marco regulatorio; el refuerzo de la inversión pública y la eliminación de la discriminación financiera de la Comunitat Valenciana.

Tres grandes líneas estratégicas

El informe agrupa las respuestas a los retos de la situación creada por el coronavirus en torno a tres grandes líneas estratégicas:

– Gestionar el avance de la sociedad del conocimiento, la digitalización y el trabajo del futuro para aprovechar sus muchas oportunidades.

– Adaptar el tejido productivo a ese nuevo escenario que emerge de las tendencias de cambio tecnológicas, sociales y económicas para que sea una normalidad mejorada.

– Modernizar el estado del bienestar y la gobernanza de lo público, promoviendo un desarrollo sostenible, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, desde una perspectiva económica, social y medioambiental.

A corto plazo, considera, como ámbitos de actuación especialmente importantes, los siguientes:

– El mantenimiento generalizado de la prevención para limitar el riesgo de contagio.

– La adaptación del sistema de salud para mejorar su capacidad de respuesta a las crisis.

– La adaptación del sistema educativo a un escenario de presencia limitada en los centros y refuerzo de la digitalización.

– El fortalecimiento del sistema de atención a la dependencia para responder a los retos sanitarios y del envejecimiento.

– La ampliación de la protección a trabajadores y empresas especialmente afectados por la nueva normalidad, sobre todo turísticas.

– Un programa de lucha contra la exclusión, mediante políticas activas de empleo para colectivos vulnerables.

– Un programa de aprovechamiento empresarial de las oportunidades derivadas de la COVID-19, mediante iniciativas de colaboración público-privada.

– El impulso a la digitalización de familias, pymes, microempresas, autónomos y sector público.

– El refuerzo de la I+D+i orientado a la solución de problemas derivados del COVID-19.

– La colaboración público-privada, simplificando el marco regulatorio y agilizando los procedimientos de contratación.

– El fomento de la movilidad sostenible, desde una perspectiva medioambiental y de riesgos para la salud.

– La revisión de las prioridades de gasto público, adaptándolas al nuevo escenario de necesidades.

– La reforma de financiación autonómica, para poner fin a la actual discriminación de la Generalitat.

Reformas estructurales

Además, concluye también que, una vez recuperadas la renta y el empleo, resulta necesario acometer reformas estructurales y mejorar la eficiencia de empresas y administraciones desde las siguientes premisas:

– El crecimiento basado en el conocimiento, aumentando el esfuerzo inversor en I+D+i, variando su composición para que adquieran mayor protagonismo las empresas y la inversión privada en intangibles.

– El refuerzo de la colaboración entre empresas, universidades, institutos y centros tecnológicos para realizar proyectos conjuntos que permitan superar los difíciles retos de la actual crisis y aprovechar las oportunidades.

– La mejora de los resultados del sistema educativo, la excelencia formativa y la igualdad de oportunidades.

– La digitalización del tejido productivo, desarrollando un ecosistema de empresas especializadas en productos y servicios digitales, digitalizando los modelos de negocio y desarrollando las infraestructuras 5G públicas o apoyadas públicamente.

– El fomento del emprendimiento, impulsando las vocaciones emprendedoras y simplificando el marco regulatorio para que facilite el crecimiento de las empresas.

– La internacionalización competitiva de las empresas, apoyando su adaptación a las oportunidades de la nueva normalidad y la especialización en actividades de valor añadido, con tareas más cualificadas y creativas.

– La relocalización de actividades, fomentando la colaboración público-privada para atraer inversiones que refuercen la posición valenciana en las cadenas de valor, potenciando los clústeres y parques tecnológicos.

– El fomento de la responsabilidad social corporativa (RSC) y los sistemas de gobierno corporativo profesionalizados entre las empresas valencianas, y su colaboración en objetivos medioambientales, sociales y tecnológicos.

– La reducción de emisiones y atracción de inversiones verdes, impulsando un crecimiento medioambientalmente sostenible y el aprovechamiento de sus oportunidades.

– La digitalización y profesionalización de la Administración pública, para mejorar la eficiencia en su gestión y transformar la prestación de sus servicios y la evaluación de los resultados de sus políticas.

– El saneamiento financiero de la Generalitat Valenciana para reducir su vulnerabilidad actual y reforzar su autonomía fiscal y de gasto.

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