La Asociación de Vecinos ‘San Miguel Arcángel’ asegura que el gobierno municipal esconde toda la documentación de la contrata y califican de antidemocrática la gestión del agua potable del municipio
Los Vecinos de San Miguel de Salinas miembros de la Asociación de Vecinos ‘San Miguel Arcángel’ denuncia que el gobierno municipal del PP esconde toda la información referente al contrato y gestión de la privatización del servicio público del agua potable a los usuarios del servicio. Para los miembros de la junta directiva de esta organización “esta actitud contrasta, a su vez, con la permisividad y condescendencia mostrada con la UTE Gestagua – Generala al aprobar sin rechistar todas las subidas de la tarifa de agua potable desde el inicio de la concesión”.
Esta asociación solicitó en mayo y julio de 2013 conocer el contrato del agua al concejal de obras y servicios y al alcalde. Ante el silencio de ambos, presentó una queja en la Sindicatura de Agravios en abril de 2014, que sigue sin resolverse por la falta de colaboración municipal. En un pleno extraordinario en agosto de 2014 se produjo una modificación del contrato con la alteración de cláusulas esenciales en la contratación como son la ubicación y capacidad de los depósitos nuevos a construir en Las Filipinas y con la paradoja de que las obras se habían iniciado antes de la aprobación del proyecto. Esta modificación, aprobada sólo por el PP, un mes después del inicio de las obras no ha sido sometida a información pública. Los concejales de la oposición contaron, únicamente, con 48 horas para conocer el proyecto, los usuarios ninguna. Además, fue aprobada de tapadillo en el mes agosto, mediante un pleno extraordinario y sin el envío de la convocatoria del pleno a las asociaciones.
La entidad denuncia que el gobierno del PP está incumpliendo derechos constitucionales como el acceso a archivos y registros de la Administración Pública en aquellos procedimientos en que son considerados interesados. “Esta falta de transparencia y control, que se traduce en una enorme falta de democracia, no es una cuestión banal y repercute en un grave perjuicio económico para los bolsillos de los ciudadanos mediante el pago de unos elevados recibos del agua” declara Manuel Gómez portavoz de la asociación.
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