Los populares ponen en conocimiento del Ministerio de Hacienda, el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Cuentas el incumplimiento de varias leyes por parte del gobierno de Guillén
El Partido Popular ha registrado hoy una triple querella ante el Ministerio de Hacienda y el Tribunal de Cuentas de Madrid y ante la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana en la que denuncian la gestión económica que el bipartito –antes tripartito- lleva realizando desde que alcanzó la alcaldía hace ahora dos años. La encargada de desglosar toda la información ha sido la portavoz Mónica Lorente, quien ha especificado que la denuncia se sostiene en el incumplimiento por parte del equipo de gobierno del Plan de Ajuste, de la ley de morosidad y el incumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria. Tres desobediencias que según Lorente hacen que cada día aumente el “agujero negro” del Consistorio oriolano y que ha llevado a los populares a pedir la fiscalización de las cuentas públicas a los citados órganos supramunicipales. “Ha llegado un punto en que Orihuela es una de las ciudades más endeudadas a nivel nacional y es un auténtico escándalo porque no están siguiendo la legislación específica” ha dicho Lorente.
Según la portavoz popular el Plan de Ajuste aprobado por unanimidad en el Pleno municipal y que limitaba a partir de enero de este año la contratación de asesorías externas por parte del Ayuntamiento no se está cumpliendo. Lo mismo ocurre, según Lorente, con la Ley de morosidad en la que Orihuela debe más de 20 millones de euros en pagos a proveedores fuera de plazo. En la misma denuncia se recoge el incumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria que contempla que “el superávit obtenido por los ayuntamientos debe ir destinado a amortizar deuda y nunca a pagar gasto como ha hecho éste equipo de gobierno”, ha explicado la popular.
Esta misma mañana Lorente ha presentado de manera formal documentación relativa a estos incumplimientos que los populares denuncian y que podría tener responsabilidades políticas y las jurídicas, ha dicho, “lo tendrán que decidir otros”.
Limbo económico
Mónica Lorente ha explicado hoy porqué el Partido Popular no aprobó en el último Pleno el convenio de los trabajadores de la recogida de residuos sólidos y urbanos que acordaron los sindicatos y la edil de Personal Rosa Martínez. La popular ha asegurado que desde el Ministerio ya han remitido un escrito al alcalde, Monserrate Guillén, en el que le solicitan que explique la situación de los 137 trabajadores que componen el citado servicio y que, desde que el Ayuntamiento asumió el servicio de recogida de basuras, no forman parte del capítulo de personal del Consistorio. Una situación que, según ha dicho Lorente, deja a los empleados en un “limbo económico”.
Según ha destapado la popular el informe del Interventor del Ayuntamiento en relación a este asunto concluye que cuando finalice la temporalidad extraordinaria por la que el Consistorio asumió el servicio de recogidas se abren dos posibilidades que pasarían porque los trabajadores se incorporaran como personal laboral, algo que sólo podría hacer aprobando previamente unos presupuestos en Pleno, o volver a externalizar de nuevo el servicio.
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