La próxima semana se enfrentan a su segundo intento de desahucio en poco más de seis meses y denuncian que el banco les quiere echar a la calle para que el fondo buitre especule con sus viviendas
Tres familias del barrio oriolano de Capuchinos se enfrentan la próxima semana a su segundo intento de desahucio en poco más de seis meses. Su sexto intento en varios años. Dos de las afectadas han comparecido hoy ante los medios para solicitar al Ayuntamiento de Orihuela y al Gobierno valenciano que intermedien para poner solución a su situación. Una propuesta a la que se suma el grupo municipal Cambiemos Orihuela.
Estas tres familias viven en un edificio de la calle Oriol. Se trata de vecinos que, en algunos de los casos, llevan más de 40 años residiendo en estos inmuebles, otros 15 ó 20 años.
Según relatan, durante años pagaron mensualmente un alquiler por esas viviendas a la empresa Inter Ronda, y tras quebrar estos inmuebles pasaron a manos del banco BBVA. “Ellos nunca han tenido intención de negociar ni de escucharnos, lo único que quieren es que nos vayamos de nuestros pisos”, explica Carmen Rodríguez, una de las inquilinas que se enfrenta a un desahucio el próximo miércoles.
El deseo de estos vecinos es que el BBVA les ofrezca un alquiler social para que puedan seguir viviendo en sus casas sin la constante amenaza del desahucio. “No nos negamos a pagar, pero no nos escuchan. Lo que tienen que entender es que nosotras hemos sido estafadas por Inter Ronda”, relata.
Por su parte, el concejal de Cambiemos, Carlos Bernabé, ha indicado que se trata de una caso de “violencia inmobiliaria” contra estos vecinos “porque quieren echarlas de sus casas para que el fondo buitre del BBVA (Divarian) las pueda vender y especular con ellas”.
Bernabé ha hecho un llamamiento a la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento y al Gobierno valenciano para que juntos puedan dar una solución a estas familias adquiriendo estas viviendas y poniéndolas en alquiler social, como ya se ha hecho en otros municipios de la Comunidad Valenciana.
Las tres familias afectadas tienen condiciones especiales pues en una de las viviendas reside una pareja con tres hijos cuya propietaria está a punto de dar a luz, en otra un matrimonio jubilado y en otra una mujer con problemas de salud.
“Ofrecer una vivienda social en otro barrio o en otra población no es una opción porque la gente tiene derecho a vivir donde ha vivido toda la vida y a arraigar en su barrio. Vamos a reiterar al Ayuntamiento y al Gobierno valenciano que amparen a estas familias y que se dé una solución para no tener que estar cada seis meses con el estrés de que los van a desahuciar”, ha señalado Carlos Bernabé.
“Nosotros lo que queremos es tener una tranquilidad ya, porque ahora el 12 de mayo viene el desahucio, lo paran seis meses y estamos con esa incertidumbre que nos genera problemas de salud”, explica por su parte Dolores, otra de las afectadas.
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