El concejal de Educación requiere a la mercantil a que aporte toda la documentación que acredita que se han hecho correctamente los trabajos de reparación
El concejal de Educación, José Hurtado, ha informado del punto en el que se encuentra el contrato de mantenimiento y reparación de centros educativos de enseñanza Infantil y Primaria de Torrevieja después de haber detectado que algunos trabajos no se han realizado y otros no se han ejecutado con la calidad que sería deseable. El edil, quien ha reconocido que “sí se han hecho cosas”, ha afirmado en diversos momentos de su intervención la intención del Ayuntamiento de resolver el contrato en caso de que no se entregue la pertinente documentación acreditativa que se le ha solicitado tras aprobarlo la Junta de Gobierno Local y si los trabajos “no se realizan de acuerdo al pliego de condiciones”.
El edil de Educación ha explicado que una vez que comenzó el curso escolar tenía previsto ofrecer una rueda de prensa informando de las obras y reparaciones que se habían efectuado en todos los centros de enseñanza de la localidad. “Fue al interesarme por esas actuaciones cuando descubrí que realmente todos los trabajos que se habían iniciado no estaban terminados y que otros no se había hecho correctamente. Además, mientras recabábamos esta información, algunos directores nos transmitieron que los trabajadores que acudían a las reparaciones, en algunas ocasiones, no contaban ni con las herramientas necesarias para hacerlas”.
Concretamente el Ayuntamiento había enviado 265 partes de trabajo a la empresa, en función de las necesidades que habían trasladado los colegios. Algunas reparaciones estaban hechas correctamente pero otras “parecían más bien una chapuza que un trabajo de reparación y por supuesto no se adecuaba a las condiciones que exige el pliego de adjudicación”.
Hurtado ha dicho que “inmediatamente” solicitó una reunión con los técnicos de Educación y con la técnico responsable de este expediente y tras analizar todas las intervenciones de la empresa, y previo informe técnico, se decidió proponer a la JGL que requiriera a la adjudicataria “el cumplimiento del contrato mediante la presentación de toda la documentación que permita acreditar la prestación del servicio”.
El concejal ha asegurado que no le va a “temblar el pulso” si es necesario “rescindir el contrato con OHL” y lo ha justificado asegurando que no va a “regalar el dinero público”. A lo que ha añadido que aunque “las críticas vayan en el sueldo” también se “cansa” de recibir tortas cuando “lo único que me interesa es gestionar de la manera más ágil e impoluta”. El Ayuntamiento “ha cumplido, ha hecho un seguimiento y ha instado a la empresa a reaccionar y a rectificar”, ha dicho el edil.
En su comparecencia se ha mostrado muy sorprendido de que se haya llegado hasta este punto después de que el contrato estuviera sometido a una reclamación ante el Tribunal de Recursos Contractuales con sede en Madrid, el cual, en una resolución vinculante que el Ayuntamiento acató, daba la razón al actual adjudicatario. El edil ha hecho referencia a este asunto para manifestar que este episodio le dio “mucha tranquilidad” al ser consciente del gran interés de la empresa por adjudicarse el contrato.
Igualmente, ha recordado que la tramitación fue muy larga, al tratarse de un contrato armonizado. Se licitó por 217.195 euros anuales y se adjudicó por 134.871’ 59 euros. El concejal no ha querido entrar en valoraciones sobre si las empresas realizan estas bajas al concursar y luego han de ajustar en personal a la hora de prestar el servicio. Lo que ha dejado claro es que seis meses es un tiempo “suficiente” para dar margen al rodaje de la empresa y en caso de que no funcione “para cortar por lo sano y resolver el contrato”.
En su intervención ha dejado claro que la empresa hay trabajos que sí ha realizado correctamente y que en los primeros meses fue presentando la mayor parte de la documentación. El contrato contempla dos modalidades de actuación, las incluidas en el canon y las de “parte de trabajo”, estas últimas que superan habitualmente los 300 euros y son de mayor envergadura. En este último caso se están valorando actuaciones por valor de casi 98.000 euros.
Por último, ha asegurado que comparte las quejas que ha recibido de los directores de los centros. “Tienen bastante razón en muchas de sus quejas” pero ha reiterado que el papel del Ayuntamiento en todo este proceso ha sido “correcto” y que ha “reaccionado rápidamente para dar una solución y si es necesario pasar a la siguiente empresa para adjudicar el contrato de nuevo”.
Antes de que llegue ese momento, si finalmente llega, la empresa tiene un plazo de diez días, desde que se le notifique, para aportar toda la documentación que le ha sido requerida por la Junta de Gobierno Local.
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