Cambiemos pide ajustar la realidad catastral de unos terrenos de Desamparados que fueron catalogados como urbanizables para una futura ampliación de la EPSO, y cuyos propietarios llevan décadas pagando un IBI «desproporcionado»
Una decena de propietarios de terrenos en Los Desamparados llevan más de dos décadas pagando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de sus terrenos agrícolas a precio de suelo urbano. Y todo porque el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 1990 le dio esta calificación a esos huertos con la finalidad de expropiar esos terrenos para una futura ampliación de la EPSO de la Universidad Miguel Hernández (UMH) en su campus afincado en esta pedanía oriolana.
Más de 25 años después esos huertos siguen perteneciendo a sus propietarios, que abonan unos 2.000 euros por el IBI de estos huertos al estar catalogados como de uso urbano. Todo ello a pesar de que la UMH ha rechazado sus aspiraciones de ampliar las instalaciones.
El grupo municipal Cambiemos se ha hecho eco de las reivindicaciones de estos vecinos y a través de una moción instará a la Junta de Gobierno Local a realizar una modificación puntual del PGOU con el objetivo de cambiar el uso de estos terrenos a «no urbanizable», ajustando a la realidad el valor catastral del suelo en cuestión.
La edil de la formación, Marta Guillén, ha comparecido este miércoles acompañada por los propietarios afectados para explicar esta moción que entre sus propuestas recoge una «indemnización justa» para los dueños de estos terrenos que durante años llevan pagando un IBI «desproporcionado» por un suelo cuya clasificación no se corresponde con su uso real.
De la misma forma, y para evitar que se produzcan situaciones similares, Cambiemos insta al equipo de gobierno a aplicar la Ley de Catastro Inmobiliario, según la cual los ayuntamientos están obligados a entregar un listado de terrenos rurales que han quedado reservados por planes urbanísticos pero que aún no se ha ejecutado sobre ellos ningún plan que haga factible la construcción de esos proyectos. El objetivo es que estas superficies vuelvan a tributar como suelo rústico hasta que no se altere su uso de forma práctica.
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