Zapata asegura que hay sobre la mesa un acuerdo para que la Generalitat salde su deuda histórica con Orihuela por el Palacio de Justicia
El Centro de Salud del Rabaloche, que lleva más de una década en barracones, podría ser una realidad en el año 2016. La Conselleria de Sanidad ha aprobado la ejecución de esta infraestructura con un presupuesto de 2,7 millones de euros que correrá a cargo del Plan Confianza que la Generalitat concedió a Orihuela en el año 2009 y que hasta la fecha no se han invertido.
Ha sido el alcalde accidental, Antonio Zapata, el encargado de anunciar que esta misma mañana ha recibido la notificación oficial por parte de Conselleria de que tiene previsto invertir un millón de euros este año en la ejecución de la obra y 1,7 millones de euros en 2016 para su conclusión. El socialista se ha mostrado confiado en que la Generalitat licite en breve el proyecto y puedan comenzar las obras.
«Esperemos en que no tarden tanto en poner la primera piedra como en otorgar la financiación», ha dicho Zapata al tiempo que ha explicado que se trata de un paso muy importante para eliminar la «vergüenza» del parking del Ayuntamiento, donde desde hace más de diez años se ubican los barracones del Centro de Salud del Rabaloche.
Finalmente la infraestructura sanitaria se hará con cargo al Plan Confianza, dinero que la Generalitat destinó a los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana para ejecutar planes de inversión productivos, pese a que la edificación de centros sanitarios es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. En octubre de 2013 el Partido Popular, CLr y los concejales no adscritos aprobaron en el Pleno municipal destinar el dinero del citado Plan a la ejecución del centro de salud y no a la construcción de un nuevo ayuntamiento como pretendía el bipartito.
La Generalitat en deuda
El alcalde accidental también ha anunciado que está en conversaciones con el secretario autonómico de Justicia, Antonio Gastaldi, para tratar de solventar la deuda histórica que la administración autonómica mantiene con el municipio desde hace casi diez años, cuando el Ayuntamiento pagó 6 millones de euros por la construcción del nuevo Palacio de Justicia, pese a que a este tipo de edificaciones son competencias del Consell. Un dinero que todavía no ha sido devuelto a las arcas oriolanas.
En este sentido, Zapata ha avanzado que hay sobre la mesa un principio de acuerdo para subsanar esta situación con la firma de un convenio por el que la Generalitat cedería al Consistorio el antiguo edificio de los juzgados y le pagaría anualmente 500.000 euros hasta alcanzar el total de lo adeudado que asciende a 2,1 millones de euros.
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