Los representantes del PP abandonaron el Pleno del Consorcio por no haber tenido acceso a la propuesta presentada por la mercantil OHL
El equipo de Gobierno de San Miguel de Salinas (PP y UPyD) mostró su rechazo a albergar en su municipio una planta de transferencia con capacidad para procesar 100.000 toneladas de residuos al año. Una propuesta presentada por la mercantil OHL que pilló por sorpresa a los concejales del gobierno local, como así manifestó la edil María José Costa. No están de acuerdo con albergar la instalación por el impacto negativo que podría traer para la localidad a nivel medioambiental.
Ayer el Consorcio Vega Baja Sostenible celebró una reunión con representantes de los 27 municipios de la comarca aunque los del Partido Popular se marcharon de la sesión porque no se les había facilitado la documentación relativa a la propuesta de la mercantil OHL. Se marcharon los diputados provinciales de Medio Ambiente y Ciclo Hídrirco, Javier Sendra y Francisco Sáez, así como los alcaldes de Benejúzar y Redován. Este último, Emilio Fernández, anunció que dimitiría de su cargo como vicepresidente del Consorcio.
Sí pudo aprobarse la adjudicación de un contrato menor para la redacción de los pliegos de licitación del proyecto de gestión de la red de ecoparques para el Plan Zonal 11-A6 de la Vega Baja. En línea con este mismo asunto, la Junta de Gobierno del Consorcio Vega Baja Sostenible aprobó la puesta en marcha del procedimiento de licitación para la contratación del servicio de gestión del primer ecoparque móvil de la entidad, que se regirá por el procedimiento abierto, para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal en la comarca.
También se aprobó por unanimidad la licitación del Servicio de Comunicación Ambiental para el Plan Zonal 11-A6, que también se hará por procedimiento abierto y por un importe de 132.000 euros más IVA.
El pliego “contempla todos los aspectos referidos a la ejecución de un plan de medios, una campaña a pie de calle, así como todos los servicios de gabinete de prensa y mantenimiento de redes sociales, página web, grabación, montaje y edición de vídeo y todos los aspectos referidos tanto a la comunicación interna como externa que requiera la entidad”, matizó el presidente del Consorcio, Manuel Pineda.
Comisiones técnicas
Los responsables políticos de la entidad aprobaron también la creación de siete comisiones técnicas que deberán valorar los diferentes aspectos de la gestión del Consorcio, si bien la puesta en marcha de estos órganos pretende agilizar las actuaciones y resoluciones sobre la aprobación y desarrollo de los futuros proyectos de gestión, en sus diferente soluciones y tipo de infraestructura, “lo que redundará en una redistribución más lógica de responsabilidades y tareas, por lo tanto en una mayor eficacia”, indicó Pineda.
Las nuevas comisiones contarán en todos los casos con la misma estructura de funcionamiento y que será de 2 representantes de la Diputación de Alicante, 2 por parte de la Generalitat, 1 representante técnico del municipio donde se pretenda ubicar una instalación, así como el gerente del Consorcio o en su defecto un Técnico de Administración General (TAG), responsable de contratos. Estas comisiones deberán emitir sus informes sobre los asuntos que traten en el plazo máximo de un mes, por ejemplo sobre las iniciativas privadas de San Miguel de Salinas o Callosa.
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