Redován contará con un Juzgado de Paz a partir del mes de enero

La Conselleria de Justicia ha aprobado la dotación de personal para este servicio, que prestará sus funciones desde la Casa Consitorial

Redován dispondrá de un Juzgado de Paz a partir del próximo mes de enero. Así lo ha anunciado el alcalde, Emilio Fernández, tras la recepción el pasado 17 de diciembre de un escrito remitido al Consistorio por la directora general de Justicia de la Generalitat Valenciana, Verónica López Ramón, en el que se le concede la dotación de personal para este servicio que, según la legislación, corresponde a localidades de más de 5.000 habitantes. Una reivindicación realizada por el Ayuntamiento redovanense desde el 2015 y que, por fin, ha obtenido respuesta.

Los redovanenses podrán acceder en enero a los servicios de este Juzgado de Paz en las dependencias municipales, que tendrá atención al público de lunes a viernes. Este Juzgado, órgano judicial que ejerce su jurisdicción en un municipio donde no existe un juzgado de primera instancia, “permite acoger la instrucción, enjuiciamiento, fallo y ejecución de juicios de determinadas causas leves y prestación de auxilio judicial”, ha indicado el primer edil. Así mismo, los ciudadanos podrán llevar a cabo trámites en el Registro Civil, como la expedición de certificados y registros de nacimiento, matrimonio, defunción o fe de vida.

Será a partir del martes 8 de enero de 2019 cuando tenga lugar la toma de posesión de estos funcionarios, en los puestos secretario y auxiliar judicial, procedentes del Juzgado de Paz de Almoradí y del Juzgado de Primera Instancia nº2 de Cieza. Hasta ahora, estas funciones eran realizadas por una auxiliar administrativa del propio Ayuntamiento, “con lo que, gracias a las nuevas incorporaciones, esta persona podrá volver a su puesto de trabajo, que será ahora desempeñado por dos profesionales del ámbito de la justicia”, ha manifestado el primer edil. Emilio Fernández ha mostrado su satisfacción por el logro conseguido, ya que “no supondrá de ninguna manera un perjuicio a las arcas municipales, al ser la Conselleria de Justicia la que soporta económicamente la retribución de estos nuevos trabajadores”.