Los populares imputados Antonio Rodríguez, Ginés Sánchez y José Antonio Aniorte defienden ante la juez que todas las facturas contaban con el visto bueno de los técnicos municipales
El concejal del PP, José Antonio Aniorte, y los dos exconcejales populares Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Larrosa han comparecido esta mañana en los Juzgados de Orihuela para dar explicaciones por su imputación por un presunto delito de prevaricación como ayer lo hicieron la presidenta del PP oriolano, Pepa Ferrando, y dos exediles.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela abrió el caso a raíz de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción en 2008 por la entonces concejal socialista Antonia Moreno, e imputó a nueve ediles y exediles de PP oriolano que componían la Junta de Gobierno Local la pasada legislatura por aprobar facturas con reparos de Intervención.
En el caso de Antonio Rodríguez Murcia, el primero en comparecer esta mañana ante la juez, se le acusa de haber fraccionado contratos de alumbrado público. La Junta de Gobierno aprobó en 2007 un montante de 240.000 euros para una misma empresa por realizar la citada labor en seis pedanías diferentes. Murcia ha justificado a su salida del Palacio de Justicia que esos contratos debían hacerse diferenciados al tratarse de trabajos en diferentes partidas rurales y ha negado que existiera fraccionamiento de pago en las mismas.
«Las facturas eran totalmente legales, cuentan con memorias valoradas y partidas presupuestarias», ha explicado al tiempo que ha dicho que «hay gente que quiere enredar y se dedica a traer al Juzgado todo lo que pilla y en este caso no hay nada», en clara alusión al PSOE.
También como crítica a los socialistas, Murcia ha asegurado que «por lo que me traen aquí, lo están haciendo ellos ahora».
En esta línea también se ha expresado el exconcejal Ginés Sánchez quien ha asegurado «que una factura pueda llevar reparo es algo absolutamente habitual en cualquier ayuntamiento de España y en cualquier administración».
El exedil popular ha sido interrogado por tres relaciones de facturas que ascienden a 66.000 euros, pero ha asegurado que desconoce de qué área y su concepto. «Son de hace cinco años, es imposible acordarse de los servicios a los que corresponden a las facturas», ha dicho.
Sánchez ha defendido su gestión como concejal asegurando que «porque una factura lleve un reparo de intervención no quiere decir que ese documento sea ilegal o que los trabajos no se han realizado».
Asimismo, ha dicho que “parece que Orihuela sea la cuna de la corrupción, la meca de cualquier embrollo político y no creo que estemos haciendo cosas que nos difieran del cualquier otro ayuntamiento de España».
El exconcejal ha instado a los actuales políticos de la ciudad que «trabajen más y que dejen los asunto judiciales puesto que, al fin y al cabo, eso no nos beneficia a nadie y estamos haciendo un daño que Orihuela no merece».
Por su parte, Juan Antonio Aniorte, concejal en activo del PP, ha dicho a los medios de comunicación que tiene la «conciencia muy tranquila» porque «jamás he hecho una obra que no contase con la aprobación de los técnicos».
El popular, interrogado por una gran cantidad de facturas, ha indicado también que «confío en la Justicia al cien por cien porque no he hecho nada».
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