Representantes de los municipios de la comarca han pedido que el informe jurídico sea redactado por la Universidad Carlos III, bajo la dirección del Catedrático de Derecho Administrativo, Luciano Parejo
Los representantes de las 27 localidades de la comarca que forman parte del Consorcio de Residuos del Plan Zonal XVII de la Vega Baja -a excepción del alcalde de Orihuela, Monserrate Guillén (Los Verdes)- han instado a la Diputación Provincial a solicitar, a la Universidad Carlos III de Madrid, un presupuesto sobre la redacción del informe jurídico externo que determine si definitivamente se lleva a cabo la rescisión del contrato de residuos con la adjudicataria, la UTE Cespa-Ortiz.
Esta petición ha sido registrada hoy en la institución provincial con el objetivo de considerar, tal y como refleja el escrito, si cabe la designación directa de dicha universidad para la redacción del documento. No obstante, esta propuesta fue consensuada después de estudiar otras posibilidades que contemplaban a varios profesionales del Derecho.
En este sentido, proponen que este encargo profesional quede bajo la dirección del Catedrático de Derecho Administrativo de la citada universidad, Luciano Parejo.
El acuerdo de solicitar este informe jurídico externo se llevó a cabo el pasado 4 de marzo durante la reunión extraordinaria del Consorcio, encabezado por la presidenta de la Diputación Provincial, Luisa Pastor.
El objeto de este informe es concretar si se debe o no rescindir el contrato suscrito con la empresa adjudicataria del proyecto, la UTE Cespa-Ortiz, al considerar que ha incumplido su acuerdo en reiteradas ocasiones, así como determinar la posible prejudicialidad penal.
El proyecto presentado por la mercantil contempla la construcción de una macrovertedero en el municipio de Albatera, y una planta de transferencia en los términos de Cox y Granja de Rocamora. Asimismo, también deberá determinar la posible prejudicialidad penal.
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