Marcelo junto a su mujer en la clínica de Benijófar / D.V.
Marcelo Gurruchaga lleva tres años acusado de descuartizar e incinerar a su esposa y esparcir sus cenizas por tres ciudades diferentes
La Audiencia Provincial de Alicante –con sede en Elche- juzga el próximo lunes a Marcelo Gurruchaga, el veterinario acusado de matar a su mujer en su clínica de Benijófar en el año 2013. El presunto asesino, que permanece en prisión desde hace tres años, será juzgado por un delito de homicidio por el que la Fiscalía pide 15 años de prisión. El juicio se alargará hasta el 3 de marzo.
Los hechos sucedieron en marzo de 2013 cuando el presunto asesino y su esposa, de 46 años, y que también trabajaba como auxiliar en la clínica, se quedaron a dormir en el centro veterinario, ‘Pet Care Veterinary Clinic’, ubicada en la Avenida Federico García Lorca de Benijófar.
Según recoge el escrito de acusación del fiscal, el veterinario agredió a su mujer hasta que la mató y, posteriormente, cargó el cadáver en el coche y se deshizo de él en un lugar desconocido.
La versión de la Fiscalía contrasta con la declaración que el veterinario realizó ante la Guardia Civil tras su detención, una semana después del asesinato. Ante la Benemérita, el hombre aseguró que la mujer se había suicidado mediante mediante la ingesta de medicamentos y, una vez fallecida, decidió descuartizar su cadáver. Pero antes, declaró, había intentado reanimarla con sus conocimientos de medicina.
se había llevado los restos descuartizados de la víctima a su domicilio, en la vecina localidad de Dolores, y había contactado con posterioridad con la empresa que se encarga de recoger los animales sacrificados en su clínica para luego incinerarlos.
Posteriormente se llevó los restos descuartizados a su domicilio, en la localidad de Dolores, y, según su versión, incineró los restos a través de la empresa que se encargaba de esta gestión en su clínica. Luego esparció las cenizas en tres localidades diferentes: Valencia, Barcelona y Castellón. La incineración hace imposible hallar posibles tóxicos en los restos de la fallecida, como algún rastro de anestésicos, algo que probaría la intervención clandestina de reducción de peso, o de fármacos usados para el supuesto suicidio.
Tras su declaración la magistrada encargada del caso ordenó su ingreso en prisión, sin fianza, por un supuesto delito de homicidio guiada por la petición de la Fiscalía y las diligencias efectuadas por la Policía Judicial de Almoradí.
El juicio deberá esclarecer los detalles sin aclarar y las distintas hipótesis que se manejan; entre ellas que la mujer muriera mientras el marido le realizaba una liposucción clandestina o si la operación, en realidad era una excusa para matarla.
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