Pérez está convencido que la salida del Plan Zonal «no tendrá consecuencias millonarias»

El alcalde de Callosa de Segura ha asegurado que la empresa adjudicataria del proyecto, la UTE Cespa-Ortiz, «no tiene derecho a nada porque ha incumplido clarísimamente su contrato»

El alcalde de Callosa de Segura, Javier Pérez, ha mostrado su pleno convencimiento de que la marcha de los municipios de la Vega Baja del Consorcio del Plan Zonal XVII de las basuras «no tendrá las consecuencias millonarias» que algunos políticos como el directo de Calidad Ambiental de la Generalitat, Vicente Tejedo, han manifestado.

Fue durante una reunión de los alcalde populares de Alicante con la presidenta de la Diputación y del Consorcio, Luisa Pastor, cuando se le planteó la cuestión, «por unanimidad», de que estaban por la labor de resolver el contrato con la adjudicataria e iniciar un nuevo procedimiento de contratación urgente, «puesto que es un problema muy importante que tenemos que solucionar nosotros».

A juicio del primer edil, la empresa adjudicataria del proyecto de construcción del marco-vertedero de Albatera y la planta transitoria de Granja de Rocamora-Cox, la UTE Cespa-Ortiz, «no tiene derecho a nada» puesto que, a día de hoy, «habría incumplido clarísimamente su contrato y la plica».

«Cuando se realizó el concurso la empresa aseguró que contaba con los terrenos para construir la planta de transferencia y no ha sido así», ha dicho el regidor, quien le ha señalado que “no ha sido culpa” de los ayuntamientos de Granja o Cox de no concederles los terrenos. Así, transcurridos seis meses desde la adjudicación del proyecto no había comenzado la obra de la planta de transferencia y, aún siéndole concedida una prórroga por parte del Consorcio, a día de hoy todavía no ha comenzado, «incumpliendo de esta forma los plazos».

En este sentido, el alcalde ha recordado que su Ayuntamiento estuvo en contra de la adjudicación de este proyecto pero, «cuando uno está en un Consorcio, no tiene más remedio que aceptar lo que dice la mayoría que, en ese momento, era la aplicación de la sentencia».

No obstante y en caso de que finalmente se resolviese el contrato con Cespa-Ortiz, Javier Pérez ha querido dejar claro que en el caso de que hubiese algún tipo de indemnización, todos «pagarían en función de sus porcentajes», es decir, la Generalitat Valenciana abonaría por el 25 por ciento que tiene dentro del Consorcio, la Diputación por el 15 por ciento y los 27 pueblos de la comarca por el resto, que sería el 60 por ciento.

De esta forma, el popular ha asegurado que «no es cierto» que la Vega Baja vaya a pagar más por la eliminación de residuos que otros municipios, tal y como aseguró hace unos días su homólogo en Orihuela, el ecologista Monserrate Guillén.  

Para el regidor callosino, los precios que se están pagando por la retirada de estos residuos –Orihuela abona 49 euros por tonelada- son «razonables», porque ahora se está cumpliendo con la normativa europea.

«Nadie paga 25 euros por la eliminación de los residuos. De hecho, en otras comarcas se están pagando hasta 90 euros por tonelada», ha dicho el primer edil, quien ha puntualizado que «si se quiere cumplir con el medio ambiente, hay que pagar».

Pérez ha remarcado que «hay que poner solución a este problema comarcal» y, para ello, ha instado a los municipios de Orihuela y Torrevieja a “liderar esta cuestión” porque en ambas localidades «se trata la mayoría de la basura de la comarca».