Pérez denuncia ante la Fiscalía supuestas «ilegalidades» en el convenio del Ayuntamiento con La Filarmónica

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Javier Pérez PP
Javier Pérez en una imagen de archivo

El ex alcalde de Callosa, pone en conocimiento de la Justicia que el acuerdo –cifrado en 147.600 euros- se aprobó sin consignación presupuestaria y sin los informes preceptivos 

Javier Pérez en una foto de archivo

El ex alcalde de Callosa y edil no adscrito, Javier Pérez, ha denunciado este miércoles ante la Fiscalía Anti-corrupción de Orihuela al equipo de gobierno (PSOE, IU y Somos) por «irregularidades e ilegalidades» en el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la Sociedad de Arte Musical La Filarmónica aprobado en el pleno del pasado 2 de junio y que, a juicio, de Pérez «puede ser constitutivo de varios delitos».

Según ha explicado, los hechos que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía se centran en la aprobación de dicho Convenio «sin respetar el mínimo encaje jurídico y contraviniendo, entre otras cosas, la Ley General de Subvenciones, los Informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, la preceptiva Consignación Presupuestaria, etc».

Además, denuncia Pérez, «el convenio fue llevado, tanto a la Comisión Informativa como al Pleno, sin Informes de ningún tipo y ésta circunstancia fue puesta de relieve en dicho Pleno, en la intervención que tuve en el mismo, en el que manifesté, en varias ocasiones, la necesidad de dejar el tema sobre la mesa para llevarlo a un próximo Pleno ajustándolo a la legalidad».

El convenio con La Filarmónica, que supone un desembolso de más de 147.600 euros y se celebra con carácter retroactivo y una duración de cuatro años, «contraviene a la Intervención General de la Administración del Estado que establece que, si fuera un convenio no podría tener una duración superior a un año».

Además, denuncia el popular «no consta en el Plan Estratégico de Subvenciones, carece de consignación presupuestaria y no puede ser nunca  considerado como Convenio de Colaboración para escaparse de la aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y colar como Convenio lo que es, en realidad, un Contrato Administrativo de Prestación de Servicios que, para más inri, no ha sido sometido a los principios de publicidad y concurrencia que marca la Ley», ha explicado. 

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