Esta solución se adoptaría tras la resolución del contrato con la UTE Cespa-Otiz e incluiría la construcción de una planta de transferencia en algún punto equidistante entre los municipios
El Ayuntamiento de Orihuela ha anunciado públicamente su propuesta de que sea el Consorcio de Residuos del Plan Zonal ZVII de la Vega Baja el que asuma la “gestión directa” de las basuras de la comarca, tras la rescisión del contrato con la actual adjudicataria, la UTE Cespa-Ortiz, propiedad del empresario alicantino Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal.
Esta rescisión, según ha informado hoy el concejal accidental de Aseo Urbano –tras el infarto sufrido por el alcalde Monserrate Guillén- y edil de Medio Ambiente de Los Verdes, Manuel Gallud, se acordó el pasado viernes durante la Comisión de Gobierno, celebrada en la Diputación de Alicante, con los votos a favor de todos los componentes de la comisión (Torrevieja, Albatera, Cox, Pilar de la Horadada, la Institución provincial y Generalitat Valenciana) y la abstención de Orihuela.
Tal y como ha explicado Gallud, esta resolución debe conllevar la “modificación del Plan Zonal XVII para adaptarlo a la legislación vigente” en materia medioambiental y, mientras se produce, ha instado al Consorcio a llevar a cabo una gestión directa de los residuos, con una instalación de transferencia que incluya la “preselección para reducir la cantidad de residuos destinada al tratamiento”.
El objetivo es que esta instalación quede en un punto “equidistante” entre todos los municipios de la comarca de la Vega Baja, “y no en un extremo, que pueda hacer que los desplazamientos para determinadas localidades puedan ser más largos”.
En este sentido, el edil ha criticado que esta resolución del contrato adoptada el pasado viernes, 1 de agosto, “se tomó sin tener el informe de la Secretaría General del Consorcio de Residuos”, y basándose en los datos de dos expedientes externos “sesgados”, solicitados a las universidades Jaume I de Castellón y Carlos III de Madrid.
Este último informe, según ha explicado Gallud, habla de la posibilidad de “anular” la adjudicación de este proyecto de residuos, que contempla un macrovertedero en Albatera y una planta de transferencia entre los municipios de Cox y Granja de Rocamora, dado que la empresa “no aporta en su propuesta las opciones de compra que han sido valoradas en el concurso”.
Algo que, según el edil ecologista, negó durante la reunión la presidenta del Consorcio de Residuos, Luisa Pastor. No obstante y siguiendo sus conclusiones, estas opciones de compra no se le habrían facilitado a la Universidad Carlos III de Madrid.
“Todo esto apunta a que se está iniciando un expediente de resolución basado en informes sesgados por falta de datos, y sin expediente de la Secretaría General del Consorcio, para facilitarle a Enrique Ortiz las oportunidades de conseguir una suculenta indemnización (más de 10 millones de euros), que pagaríamos entre todos”, ha dicho Gallud.
En este sentido, ha considerado que la celebración de esta reunión ahora “y no a principios de septiembre” se ha hecho, previsiblemente, con la intención de “darle a Ortiz plazo para preparar sus alegaciones y recursos judiciales contra esta resolución y lograr así sus buenas indemnizaciones”.
El ecologista ha expuesto, asimismo, que los municipios de la Vega Baja se encuentran en una situación “bastante desesperada” puesto que, a estas fechas, “no sabemos qué instalaciones nos van a permitir un correcto tratamiento y eliminación de residuos, ni dónde se va a instalar un vertedero autorizado próximo a la comarca”.
Proambiente
Por otro lado, ha anunciado que están llegando informaciones acerca de una posible tramitación favorable por parte de la Región de Murcia de la licencia ambiental que el vertedero que Proambiente tiene entre los términos de Abanilla y Orihuela, y que podría permitir la recepción de residuos de otras comunidades autónomas.
“Así nos veríamos obligados a llevar nuestras basuras al vertedero de Proambiente y favorecer así a su propietario, Ángel Fenoll –imputado también en el caso Brugal y condenado hace unas semanas a 35 años de prisión por varios delitos fiscales-”, ha concluido el edil.
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