El Consejo Jurídico Consultivo avala que el Ayuntamiento pase a gestionar el servicio que ya supone una inversión de 400.000 euros anuales
Orihuela municipalizará el servicio de Atención Temprana una vez ha obtenido el visto bueno del Consejo Jurídico Consultivo que en un informe, y posteriormente en una aclaratoria, da vía libre a que el Ayuntamiento gestione de forma directa el servicio del que ahora se encarga Dinoco.
Así lo ha anunciado este viernes la concejal de Bienestar Social, Sabina Galindo, quien ha avanzado que en las próximas semanas se llevará a Pleno la encomienda de gestión a la empresa municipal Uryula Histórica cuyos estatutos ya se modificaron en 2015 precisamente con la intención de poder prestar servicios sociales.
Galindo ha explicado que el informe solicitado al Consejo Jurídico Consultivo -órgano dependiente del Consell- recoge que el Ayuntamiento puede seguir prestando el servicio pese a que no sea una competencia de las entidades locales.
Y en este sentido da vía libre a la municipalización puesto que entiende que asumir este servicio no incrementará el gasto para un Consistorio que ya abona en torno a 400.000 euros anuales por la Atención Temprana. «No se está creando ningún servicio nuevo y por tanto no afecta a la masa salarial», ha explicado en referencia a lo que dice el citado informe. «No puede existir un desequilibrio económico por este concepto puesto que dicho concepto ya se haya soportado», dice el documento.
De esta forma se daría solución a la situación que desde hace años vive Dinoco debido al limbo en el que se encuentra y que provoca que Intervención ponga reparos a cada una de las facturas que deben de aprobarse. Lo que a su vez genera impagos en el servicio que llevan al límite a la asociación de padres y madres Dinoco, que atiende actualmente a unos 140 niños.
Una vez se municipalice el servicio el personal pasará a formar parte de la sociedad municipal. Lo que no está claro es si las doce trabajadoras que actualmente trabajan para Dinoco podrán conservar sus puestos de trabajo puesto que los cauces legales del proceso podrían obligar al Ayuntamiento a convocar una oposición para cubrirlos aunque, en este caso, las empleadas actuales contarían con puntos de experiencia.
En este sentido, la edil ha señalado que «vamos a seguir los cauces que marquen los técnicos y la ley».
Galindo también ha dicho que de esta forma se «acallan» las críticas que desde la oposición se han vertido y las sospechas sobre que el equipo de gobierno (PP) pretendía privatizar el servicio. «Hemos tardado un año y medio pero al final lo hemos conseguido», ha señalado.
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