Las arcas municipales dejan de ingresar al menos un millón de euros en concepto de este impuesto
7.700 viviendas y elementos urbanísticos de Orihuela que actualmente no pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) tendrán que comenzar a hacerlo después de que el Ayuntamiento las vaya a dar de alta de forma oficial en el Catastro. Un objetivo que se marcó en esta legislatura el edil de Urbanismo y ahora alcalde accidental, Antonio Zapata, para que «todos los ciudadanos estén en igualdad de condiciones». Ya que según las estimaciones realizadas por la Gerencia Catastral en colaboración con SUMA en el término municipal hay 1.200 inmuebles que no están registrados, y otros 1.600 en los que no coincide lo que se ha declarado con lo construido. «Sin embargo tienen los mismos servicios municipales que los ciudadanos que sí pagan impuestos», ha remarcado.
Esta lista se completa con las 1.200 piscinas que se han construido sin darse de alta y 1.700 viviendas con más de 100 años de antigüedad que se han reformado posteriormente para habitarlas pero tampoco han sido inscritas y, por tanto, no pagan IBI. Tampoco las 2.000 construcciones en suelo rústico –como aperos o balsas – que no tributan.
«Esta es la realidad urbanística que se ha dado en esta ciudad durante muchos años», ha dicho el primer edil, al tiempo que ha puesto como ejemplo que en un barrio de Orihuela, que no ha querido especificar, solo dos inmuebles pagan el IBI.
Por esta situación, ha explicado Zapata, las arcas municipales dejan de ingresar al menos un millón de euros en concepto de este impuesto. Un importante perjuicio económico que desde el área de Urbanismo quieren subsanar haciendo aflorar los más de 7.000 elementos que no están registrados en el municipio.
En este sentido, el regidor socialista ha indicado que tras las inspecciones llevadas a cabo por inspectores de SUMA, en 2013 se dieron de alta de forma voluntaria 970 propietarios de viviendas y en lo que va de año lo han hecho otros 1.835. En total, unas 2.800 nuevas altas han generado desde entonces 1,7 millones de euros de ingresos.
El alcalde ha señalado que este nuevo paso no es un proceso de regularización urbanística sino fiscal, ya que una de las prioridades es «que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y deberes». Aunque sí es un paso previo a la ordenación urbanística.
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