Por Rafael Almagro Palacios, concejal de Hacienda de Orihuela entre 2015 y 2022
En Orihuela, el presupuesto prorrogado de 2018 es el vigente y, obviamente, las cifras de ingresos y de gasto han sufrido significativas variaciones, hecho que ocasiona no pocos perjuicios a nuestra hacienda local y a los servicios que se presta. La oportunidad de que estuviese hoy en vigor el presupuesto prorrogado de 2023 y no sea así se la debemos una vez más, al raquítico e inoperante gobierno de abril de 2022 a mayo de 2023 de PSOE y Ciudadanos, porque recuerden que la justificación de la moción de censura era hacer un presupuesto.
Recientemente, se ha evidenciado la necesidad en algunas poblaciones cercanas de aumentar sus ingresos para cuadrar las cuentas. En el caso particular de Orihuela, el incremento recurrente del IBI por incorporación de nuevas viviendas en el padrón municipal, las transferencias del Estado y las numerosas licencias de edificación concedidas han permitido años atrás elaborar presupuestos sin necesidad de subir impuestos. Es más, durante el mandato de Emilio Bascuñana se realizaron modificaciones en los coeficientes aplicados al IBI para evitar las subidas contempladas a nivel estatal para dicho impuesto.
Sin duda, los vecinos de Orihuela son conocedores en su gran mayoría de que las cantidades que se han venido pagando en nuestro municipio por IBI o Plusvalía, son muy inferiores a las que se tributan en municipios de nuestro entorno como Torrevieja o Pilar de la Horadada, por ejemplo. De hecho, Orihuela es uno de los municipios con menor presión fiscal de la provincia de Alicante.
También la tasa de basuras que en nuestro municipio se venía pagando hasta hace poco tiempo con el recibo de agua potable deberá ajustarse, por mandato legal, en un futuro no muy lejano, al precio del coste real del servicio y ello llevará consigo inevitablemente una subida de dicha tasa que hasta ahora no se había repercutido en el bolsillo de los vecinos.
Por cierto, arrastramos y sufrimos todavía las consecuencias de una desastrosa y costosísima pseudomunicipalización del servicio de recogida de basuras, así como de limpieza viaria, realizada por el gobierno de PSOE y Verdes en 2012. De hecho, a día de hoy, se sigue haciendo frente (económicamente y con un deficiente servicio) las consecuencias de aquella arbitraria e insensata decisión. Para cumplir con la ley, una vez hecho el rescate del servicio, el ayuntamiento debió haber sacado en el plazo de seis meses una nueva licitación del contrato o, en caso contrario, una municipalización real del servicio con todas las consecuencias que ello suponía. No hicieron ni lo uno ni lo otro. Después, las consecuencias de las leyes de 2012 para el control de la crisis económica impidieron mejorar la situación. Carolina Gracia ponía la hacienda local a los pies de los caballos por primera vez.
En 2015 ganamos las elecciones, echamos al tripartito y nos dedicamos a poner las cuentas en orden, lo que se consiguió en 2016 y prueba de ello fue la aprobación del primer presupuesto desde 2012. Por cierto, las subvenciones a asociaciones e instituciones como la Fundación Miguel Hernández estaban sin pagar.
Entre los años 2019 y 2020, con la llegada de una DANA que arrasó nuestro municipio y de una pandemia mundial como fue la COVID 19, los esfuerzos de la administración se centraron en paliar las consecuencias de ambas catástrofes, pero ya entonces se hizo patente el bloqueo que imponía Ciudadanos mediante una oposición desleal con Orihuela utilizando su posición para perseguir intereses particulares y contrarios a los de nuestro municipio. El alcalde Bascuñana y su equipo propusieron al Pleno Municipal un proyecto de presupuesto para 2020 que fue rechazado por PSOE, Ciudadanos, Cambiemos e incluso aquel VOX de entonces tan próximo a Ciudadanos. De nuevo, el bloqueo presupuestario se utilizó, al igual que en 2019, como herramienta para desgastar al equipo de gobierno del PP, pese al daño que suponía perder la gran cantidad de propuestas e inversiones para todo el municipio que en ellos se contemplaba.
La misma historia se repitió en 2021, ya que Ciudadanos rechazó en Junta de Gobierno el proyecto de presupuesto y el resto de grupos exigían echarles del gobierno como condición para apoyar las cuentas. Curiosamente, los que querían a Ciudadanos fuera del gobierno municipal plantearon una moción de censura en abril de 2022 dándoles todo el poder a ellos. La justificación, como ya se ha dicho, era hacer un presupuesto actualizado. Pero pronto se puso de manifiesto que se trataba de una burda mentira y que cada uno de ellos iba a lo suyo, puesto que tanto Aix como Gracia se necesitaban para seguir en la vida política una legislatura más. Recordemos que el PSOE de Carolina Gracia llevaba ya 2 elecciones perdidas (ahora ya son tres) y Ciudadanos estaba en descomposición.
No debemos olvidar que a todas estas cuestiones de intereses políticos y personales y de andar por casa, debemos agregarle el contexto histórico que lleva aparejado, pues por desgracia, el estallido de la terrible guerra entre Ucrania y Rusia en febrero de 2022, provocó y sigue provocando a día de hoy, además de una numerosa pérdida de vidas humanas, graves consecuencias materiales y económicas para la mayoría de países.
La subida del precio de la energía eléctrica y los combustibles, han provocado un fortísimo encarecimiento de todos los productos y servicios y el IPC, en consecuencia.
Por fortuna, el ayuntamiento de Orihuela goza de una excelente salud, con un importante saldo en remanentes de ejercicios anteriores y continúa el buen ritmo de ingresos por conceptos tales como licencias, incremento del padrón de viviendas, ocupación de espacios públicos, y otros. Estos ingresos complementarios y sustanciosos es algo que no tiene la mayor parte de municipios y es por lo que, sin otra alternativa, se han visto obligados a revisar las tasas de recogida de residuos o el impuesto de bienes inmuebles.
Me parece, sin embargo, muy desleal, populista e hipócrita la postura de la oposición en Orihuela con respecto a la actualización de la fecha de revisión de los valores catastrales, que data de 1994, habida cuenta de que es algo que viene recomendado desde hace tiempo por el mismísimo Ministerio de Hacienda (PSOE).
De modo que, confío en que desde la intervención del ayuntamiento de Orihuela se otorgue el visto bueno al proyecto de presupuestos de 2024 y se realicen las labores oportunas para reconducir a parámetros correctos el PMP, que Carolina Gracia y Ciudadanos llevaron en tan solo un año de desgobierno de 28 días a casi medio año, lastrando de nuevo las cuentas públicas municipales y dejando una herencia envenenada al gobierno del PP surgido de las urnas en 2023, y por supuesto, que se trabaje con rigor y se apruebe en tiempo y forma el presupuesto de 2025 (ahora que se cuenta con 14 votos) con ese necesario e ineludible incremento impositivo para que se obtenga la financiación de esos proyectos que los ciudadanos queremos ver convertidos en realidad.
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