Por Rafael Almagro Palacios, concejal de Patrimonio y Portavoz del PP de Orihuela de 2015-2023
Bien podría decirse que desde los orígenes de la humanidad se han dado las disputas entre los linderos y ha sido una fuente de no pocos y serios conflictos entre particulares, familiares incluso, y mucho más graves entre naciones, provocando horrorosas guerras que tampoco llegan a poner solución definitiva en muchos casos.
Las ruedas de prensa las carga el diablo y puede salir algún que otro tiro por la culata. Este sería el caso de la que ofrecieron a principio del mes el alcalde de Rafal y su concejala de urbanismo para hacer una valoración de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que daba al traste con sus pretensiones de anexionarse parte del territorio oriolano aprovechándose de un error del Instituto Cartográfico. Es de las pocas ocasiones que recuerdo que un político sale a anunciar a bombo y platillo una sentencia que le es desfavorable. Pero Pineda tiene esas cosas. Así, el pasado 31 de enero el TSJ dictó sentencia desestimatoria contra sus pretensiones y manteniendo los límites geográficos que establece el Instituto Cartográfico tras corregir el error. Tras dicha rectificación, se precisó el deslinde entre ambos municipios realizado en 1897, señalando con detalle de hitos y marcas físicas y geográficas que permitieron resolver con gran facilidad esta insólita disputa.
Mediáticamente y buscando únicamente el aprovechamiento político personal este expediente se inicia en 2019 con una aprobación del pleno municipal tan solo a nueve días de las elecciones municipales, por tanto inmersos en la campaña electoral. Por si fuera poco, durante las fechas previas se había dedicado a “calentar” la campaña con actos impropìos de un regidor responsable, como la pretensión de quitar ante los medios de comunicación la señalización horizontal y vertical de la zona perteneciente a Orihuela ante la atenta y asombrada mirada de policías de Orihuela.
Sin duda la campaña electoral le funcionó muy bien con esta marrullería aunque a costa de su imagen política fuera de Rafal. El alcalde no está obligado a ser un experto en derecho, pero sí a tener unos conocimientos meramente básicos a la hora de querer conducir su ayuntamiento.
Y de eso se trata básicamente. Aunque Pineda continuamente ha dado buena muestra de que la legalidad queda para él en un segundo o tercer plano. Siempre le ha interesado más la política en su vertiente como espectáculo circense y/o teatral y su fijación por Emilio Bascuñana. Baste recordar otra anécdota graciosa la de aquel día que denunciaba, también ante los medios de comunicación, el hecho de que no había podido subir a la Cruz de la Muela a través de la finca de un vecino de Montepinar que había decidido vallar su propiedad en lugar de utilizar el camino habilitado por los senderistas a los efectos. O cuando se fotografiaba junto a la guillotina con la que se había cortado la cabeza (de cartón) a Mariano Rajoy. O cuando pretendió presentar el presupuesto de la Generalitat Valenciana en la sala de prensa del ayuntamiento de Orihuela. Buenas muestras todo lo anterior de lo que representa el principio de legalidad o seriedad institucional para el alcalde socialista.
En lo referente a la existencia de vecinos que viven mucho más próximos al centro de un municipio diferente al suyo propio, cabe decir que lo que para Pineda supone algo muy extraordinario, en Orihuela y en muchos otros lugares es un hecho bastante frecuente. Rafal es un municipio completamente rodeado por el término municipal de Orihuela, así como Bigastro, la mayor parte de Jacarilla, Benejúzar, Benferri o San Miguel de Salinas, y mantiene otros límites con Pilar de la Horadada, Torrevieja, Granja de Rocamora, Callosa, Almoradí, Catral, Albatera, incluso poblaciones del Medio Vinalopó o la región de Murcia y el Mar Mediterráneo. Es decir, es harto común en Orihuela que haya vecinos que residen más cerca de otras poblaciones que del centro de nuestra ciudad como muy bien ha señalado recientemente el portavoz municipal oriolano, Víctor Valverde.
Y para estos más que normales casos en los que un municipio atiende en algunos determinados servicios a los de otro, ya se han encargado los legisladores de poner soluciones, generalmente en forma de convenios, y que no pasan desde luego por ir haciendo pedazos los municipios vecinos al irse poniendo y quitando los unos a los otros.
Tras el revés producido por la sentencia y lejos de reconocer los errores, el alcalde de Rafal persevera en sus pretensiones y cambia la estrategia. Ahora dice que lo que busca es dar satisfacción a la demanda unánime de los vecinos de las Casa Baratas, unas ochenta viviendas según el regidor y que se apoya con la firma de 591 personas las cuales se empadronan en su mayoría en casas de familiares de Rafal para poder acceder a los servicios.
Así pues, y haciendo una mera división nos encontramos con que hay, por término medio, unos ocho vecinos habitando, o no, en cada una de esas viviendas del barrio pero que están empadronados en casas de familiares de Rafal, según el regidor rafaleño y su concejala de urbanismo.
¡No haré más preguntas, señoría!, suele decirse en estos casos en las películas de juicios cuando el asunto ha quedado claro como el agua y el jurado no precisará de más pruebas ni declaraciones para tomar su decisión.
Desde luego, el alcalde socialista de Rafal parece no tener límites ni lindes …
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