Por Julia Llopis, candidata de VOX por Alicante a las Cortes Valencianas
Decía el periodista y escritor turco Peyami Safa “Si quieres destruir una nación, no hay necesidad de hacer una guerra. Basta con hacer olvidar su historia, perturbar su lenguaje, alejarlo de su religión y, por tanto, desintegrar sus valores espirituales y morales.” ¿Y qué mejor forma de conseguirlo si no es a través de la Educación? Esto es lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana desde que en el año 2015 llegó a la Consellería de Educación la izquierda más radical.
La imposición lingüística, el ataque a la pluralidad educativa, la falta de respeto a la religión católica y una obsesión inaceptable por reescribir la historia a través de la ley de memoria histórica, han sido los pilares en los que se ha sustentado toda la política educativa de los últimos 8 años del gobierno valenciano.
Un gobierno excluyente y sectario que ha gobernado despreciando a todo y a todos los que no piensan y actúan como él, y lo que es peor, han usado la educación como el medio más útil para conseguir su fin. A través de la educación, han desarrollado la perversa intención de instruir primero a nuestros hijos en sus principios ideológicos, devaluando la familia y anulando la patria potestad de los padres, para intentar después manipular su comportamiento según intereses partidistas.
De entre todos estos pilares, cabe destacar, la imposición lingüística en los centros escolares que bajo la excusa de potenciar y promover el valenciano como lengua minoritaria – ellos la denominan minorizada, victimizándola -, lo que han conseguido en los jóvenes y no tan jóvenes, es generar un rechazo nada deseable, a lo que es sin duda una riqueza cultural de nuestra comunidad autónoma.
Especial repercusión ha tenido esta imposición en la Vega Baja, cuyos habitantes han tenido que sufrir no sólo el desprecio de una administración educativa hostil por no compartir lengua vehicular, sino el castigo de tener que llevar a sus hijos e hijas a centros para dar clase en barracones seriamente deteriorados y en unas condiciones realmente penosas pese a la insistente reclamación de las confederaciones de padres y madres.
La educación en la Vega Baja ha sido castigada hasta el punto de tener que emigrar por razones de imposición lingüística a la comunidad vecina de Murcia en un auténtico “éxodo lingüístico”. No les han dejado otra opción que la de sentirse emigrantes en su comunidad autónoma para poder así ejercer el derecho a estudiar en su lengua vehicular o materna.
La Vega Baja es sin duda, el más claro ejemplo de la imposición totalitaria que durante los últimos ocho años ha venido desarrollando la Consellería de Educación. Pero también ha sido y sigue siendo, el mejor ejemplo de resistencia, de cómo el totalitarismo en cualquiera de sus vertientes o formas, siempre sucumbe a la libertad. A mi memoria viene ahora el recuerdo de aquellas veinte mil personas que en Orihuela clamaban contra la libre elección de lengua vehicular y contra la imposición lingüística de Compromís y el Partido socialista.
Las lenguas no se imponen, se proponen, las lenguas no son de los territorios, son de sus hablantes. El requisito lingüístico, otra muestra más de totalitarismo del gobierno valenciano, es el máximo exponente de la intolerancia y el sectarismo de la administración educativa que nos ha tocado padecer en estos últimos años. Las consecuencias del requisito ya las conocemos por la comunidad de Baleares, donde no hay ningún neuropediatra por no tener el C1 en catalán. Estas son las prioridades de los radicales de izquierdas, prefieren imponer su lengua a prestar atención médica a la población.
Durante ocho años, esta ha sido la prioridad de la Consellería de educación, de la mejora de los centros, el aumento de las plantillas, la adecuada atención de los alumnos/as de educación especial, la reforma de la formación profesional, las políticas para mejorar el paro juvenil que es el más alto de Europa, las altas cifras de abandono escolar y fracaso escolar, el refuerzo de los departamentos de orientación para dar una adecuada respuesta a los problemas de salud mental de nuestros jóvenes, el servicio de enfermería escolar,…. de eso mejor ni hablamos. Por el contrario, no ha reparado en gastos en sostener a quinientos diez asesores digitales y otros tantos asesores lingüísticos cuya necesidad y trabajo son seriamente cuestionables, en financiar entidades pro-catalanistas, en subvencionar numerosos chiringuitos, promocionar el Chemsex (sexo bajo el efecto de las drogas), …
Pero no hay mal que cien años dure y dentro de escasamente 10 días podremos acabar con este modelo de educación tan nefasto y que tanto retroceso y daño ha causado a nuestros jóvenes. El próximo 28 de mayo tenemos una cita con las urnas.
El próximo 28M tenemos la oportunidad de acudir a votar y poder elegir entre totalitarismo o libertad. El futuro de nuestros hijos está en juego, de todos nosotros depende.
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