La vicepresidenta de la Generalitat propone una serie de mejoras a la prestación para evitar duplicidades con la Renta Valenciana de Inclusión
La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha propuesto mejoras al Ingreso Mínimo Vital (IMV) que permitan la «cogestión» de la prestación que prevé aprobar este viernes el Consejo de Ministros, de manera que se mejore la coordinación con las comunidades autónomas. «Queremos que la conexión entre el IMV con las comunidades autónomas haga que las familias tengan el derecho a la inclusión garantizado, como dice la ley de Renta Valenciana de Inclusión», ha agregado.
Oltra ha remitido dos cartas formales al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para proponer una serie de mejoras al borrador del real decreto sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), recibido este miércoles por la tarde. El objetivo de esta comunicación es tratar de mejorar la aplicación de esta prestación en coordinación con las comunidades autónomas. «Que una desafortunada ejecución no dé al traste con una buena idea», ha apostillado.
La vicepresidenta ha declarado que una herramienta «tan importante» como quiere ser el Ingreso Mínimo Vital requiere de la coordinación y participación necesaria de las comunidades autónomas, que son las competentes en la gestión de los servicios sociales.
En este sentido, ha explicado que una prestación como el IMV o como la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) que ya se aplica en la Comunitat, deben ir acompañadas de itinerarios de inclusión elaborados por los profesionales de servicios sociales.
«De la misma manera que un médico prescribe un tratamiento adaptado a una determinada dolencia -ha señalado-, son los profesionales de los servicios sociales quienes establecen el acompañamiento necesario para que una persona salga de la situación de exclusión y pueda insertarse laboralmente o socialmente».
En una primera carta, remitida el pasado 19 de mayo, la titular de Igualdad y Políticas Inclusivas afirma que la medida prevista por el Gobierno de España es una «magnífica idea». Sin embargo, expone que existen varios aspectos de la misma que le producen «preocupación» y por ello le ha propuesto una serie de modificaciones que mejoren el texto y resuelvan problemas futuros.
Tras descartar el Ministerio la formula de que el IMV se gestione como la dependencia -que el Gobierno central transfiera los fondos y las comunidades lo gestionen en función de unos mínimos marcados por la Administración General del Estado-, Oltra ha apostado por la suscripción de un convenio entre la Comunitat Valenciana y el INSS (o el Ministerio) para la gestión unificada del IMV y de la Renta Valenciana de Inclusión, de manera que ambas prestaciones se tramiten de manera paralela y adaptadas a la circunstancia personal de cada solicitante.
En otra comunicación formal y por escrito con el ministro, remitida este miércoles tras recibir el borrador del real decreto, la vicepresidenta ha aportado una serie de mejoras al texto legal que eviten posibles duplicidades en la percepción de las prestaciones o en lo relativo a la conformidad para la cesión de datos entre administraciones.
La propuesta del Ministerio es que los efectos económicos de la prestación se apliquen al 1 de junio de 2020. Sin embargo, según ha advertido la vicepresidenta al ministro, la aplicación conforme está previsto «generará que aquellas personas que sean beneficiarias de las rentas de ingresos mínimos de las comunidades perciban dobles prestaciones en los meses que se retrotraiga».
El objetivo es evitar que un mismo valenciano o valenciana cobren el importe de la prestación estatal y autonómica a la vez un mismo mes, con los perjuicios que supondrían luego para la persona usuaria tener que devolver las cuantías que cobró de forma indebida.
«Esto ocurrirá -ha advertido-, porque en los meses en que las personas que reciben la Renta Valenciana de Inclusión y sean beneficiarios también del IMV percibirán ambas cuantías, al no poder descontar ese importe de la prestación autonómica».
Para solventar esta cuestión, Oltra ha propuesto que, para las personas que reciban ya alguna renta básica o de inserción, los efectos económicos se fijen el día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud. De esta manera, ambas administraciones podrán coordinarse para que las dos prestaciones se combinen de manera eficaz tanto para el administrado como para la administración.
Cesión de datos
Por lo que se refiere a la cesión de datos de personas beneficiarias de la RVI entre administraciones, y para poder realizar un trámite «ágil y sin carga burocrática» para las personas beneficiarias, la vicepresidenta considera «necesario establecer un marco de cobertura sin necesidad de consentimiento explícito» previo a la concesión del IMV. Posteriormente, mediante la comunicación de la resolución de modificación de la prestación, se hará constar que se han cedido los datos para obtener el Ingreso Mínimo Vital.
El punto 10 de la Disposición Transitoria Primera establece que el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá, hasta el 31 de diciembre de 2020, reconocer la prestación de INV a aquellas personas beneficiarias de alguna de las distintas rentas de inserción o básicas establecidas por las comunidades autónomas, cuando estas comuniquen que consideran que podrían acreditar los requisitos para acceder a la prestación.
Para ello, las comunidades autónomas deberán comunicar al INSS los datos necesarios para la identificación de potenciales personas beneficiarias y la verificación de los requisitos de acceso a la prestación.
Desde el Gobierno valenciano se ha propuesto añadir el siguiente texto: «El suministro de información no requerirá el consentimiento previo del interesado ni de las personas que formen parte de la unidad de convivencia por ser un tratamiento de datos de los referidos en los artículos 6.1 e) y 9.2 h) del Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE».
Ambas propuestas, tanto la remitida el miércoles como la del pasado día 19, tienen como objetivo garantizar la correcta aplicación de la norma, evitar perjuicios sobre las personas beneficiarias, mejorar la gestión desde la comunidad autónoma y prevenir posibles problemas procedimentales que podrían cuestionar tanto la agilidad como la pulcritud de una prestación tan necesaria como esperada para miles de personas.
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