Los concejales Javier Montoro y Eduardo Gil Rebollo y la asesora Juana López Carmona testifican hoy como imputados por un presunto delito de malversación de fondos públicos mediante el uso privado de los móviles municipales
Dos horas antes de la declaración, sonriente y dispuesto a responder a las preguntas de los medios de comunicación se presentó el edil de Infraestructuras y Servicios de Torrevieja, Javier Montoro, en el Palacio de Justicia de Torrevieja donde hoy ha declarado en calidad de imputado por un presunto delito de malversación de fondos públicos por el uso indebido de los móviles municipales junto al también concejal, Eduardo Gil Rebollo, y la Asesora Juana López Carmona, todos ellos imputados en la causa junto a los ex concejales, Daniel Plaza y José Manuel Pizana y al ex asesor David Graham Kingth.
A su salida del juzgado Montoró manifestó haber respondido a las preguntas de la magistrada, el ministerio fiscal y su propia letrada, no así a las preguntas de la letrada Fanny Serrano, presente en la declaración al personarse el PSOE como acusación popular tras la admisión parcial del recurso presentado por esta formación ante la Audiencia Provincial de Elche. Montoro explicó que no ha respondido a las preguntas de la acusación popular porque considera estas cuestiones “políticas” que está dispuesto a debatir “en el salón de plenos, que es donde se habla de política”, el popular aseguró que le duele estar acusado de una palabra “sucia” como malversación de fondos públicos por la actitud judicializadora de la política de los socialistas “que llevan al juzgado lo que no puede ganar en las urnas”. “Nunca me he llevado ni un euro del Ayuntamiento” aseguró Montoro quien insistió en que esas largas llamadas personales se produjeron porque desconocía que la línea de móvil carecía de una tarifa plana.
Las declaraciones ofrecidas por el concejal a la salida de declaratoria difieren sutilmente de la versión mantenida hasta ahora por el edil, que al estallar el escándalo devolvió las importantes cuantías que se habían generado desde su terminal por llamadas personales a su entonces pareja sentimental, a este respecto el edil aseveró hoy que la devolución del dinero se produjo porque “»no quería, en ningún caso, que el Ayuntamiento corriese con un gasto que no pudiera ser, que no he dicho que lo sea, de índole estrictamente municipal».
Sin declaraciones a los medios
Menos locuaces con los medios de comunicación fueron el concejal Eduardo Gil Rebollo y la asesora Juana López. Ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones a la prensa y se les ha visto, notablemente molestos, por la presencia de los medios de comunicación a la salida del juzgado a los que sólo ha respondido el edil de Seguridad Ciudadana con un lacónico “dejaré que la justicia haga su trabajo”.
Meses de investigaciones
Por su parte la letrada de la acusación popular que ejerce el PSOE, Fanny Serrano, a la salida del juzgado ha manifestado el gran trabajo de investigación llevado a cabo por la Policía Judicial que se ha enfrentado a la ardua tarea de desgranar el importante caudal de documentos remitidos al juzgado entre los que se encontraban miles de folios correspondiente a la facturación detallada de los teléfonos móviles municipales.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), los tres imputados han respondido a todas las preguntas realizadas por la juez encargada del caso, el Ministerio Fiscal y sus abogados.
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