Los concejales Eduardo Gil Rebollo y Javier Montoro, dos ex concejales y dos asesores declararán ante la magistrada del Juzgado Número de Torrevieja por un presunto delito de malversación de fondos públicos
El denominado como escándalos de los móviles, que le costó la dimisión al entonces edil de Deportes y Educación, Daniel Plaza, continúa en los juzgados, después de que la fiscalía remitiera la documentación y la jueza entendiera que podría haber indicios de delito, el caso por el que han sido imputados dos ediles, Javier Montoro y Eduardo Gil Rebollo; dos ex ediles, José Manuel Pizana y Daniel Plaza y dos asesores Juana López Carmona y Graham Knigth, imputados por un presunto delito de malversación de fondos públicos por el uso abusivo al efectuar llamadas desde sus móviles oficiales “presuntamente ajenas” y sin relación “a priori” con la función pública tal y como recoge el auto por el que se cita a los seis imputados, tendrá un nuevo punto de inflexión tras la llamada a declarar de todos los imputados que pasarán por sede judicial los días 25 y 27 de este mes de junio.
La jueza que instruye el caso, Natalia Martinez, abrió diligencias previas en junio del pasado año y rechazó la personación de los socialistas en el caso denunciado por esta formación ante la Fiscalía de Alicante en enero de 2013.
1.300 euros en llamadas personales
El escándalo del uso de los móviles en Torrevieja, que llevó el nombre de la ciudad a las noticias de los medios nacionales estalló al descubrirse en el terminal público adjudicado a Daniel Plaza llamadas a prostitutas hechas desde su número en noviembre de 2012. Pero estas no eran las únicas llamadas hechas desde los terminales pagados con dinero público que poco o nada tenían que ver con el desempeño de las funciones públicas, tal y como recoge la jueza en su auto de imputación, también se encontraron gran cantidad de llamadas al extranjero, conexiones a internet desde el extranjero, servicios Premium y llamadas a concursos de televisión hechos desde los terminales de los demás imputados.
Uno de los casos más llamativos por la cuantía de la factura es el del edil de contrataciones Javier Montoro, que acumuló 1.300 euros en llamadas a su novia. Dinero que devolvió a las arcas municipales tras pedir disculpas a los ciudadanos por lo ocurrido, pero sin ánimo alguno de presentar su dimisión.
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