La próxima semana también se pone en marcha nueva Oficina de Atención a las Víctimas del Delito
La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha anunciado que los juzgados de Orihuela tendrán a su disposición el nuevo gabinete de atención psicosocial a partir de la semana que viene.
Este servicio contará con un trabajador social y un psicólogo que ayudarán a reducir los plazos de entrega de los informes periciales de carácter psicosocial de apoyo en los juzgados de familia. Esta iniciativa, además, se lleva a cabo para agilizar los procesos judiciales de carácter contencioso en curso, en especial en los asuntos de familia que impliquen a menores de edad y en los casos de violencia de género.
Se trata de una demanda de los jueces de primera instancia que ha sido satisfecha porque, según ha explicado Gabriela Bravo, con esta medida «acercamos e integramos nuevos servicios para que esta asistencia técnica especializada pueda contribuir también a la mejor eficacia de la Administración de Justicia».
En este sentido, la consellera ha añadido que habrá un equipo en Orihuela y otro en los juzgados de Torrevieja para atender las necesidades de toda la comarca de La Vega Baja.
Este refuerzo en la Administración de Justicia de Orihuela, además, se verá incrementado el próximo 1 de febrero cuando abrirá sus puertas la nueva Oficina de Atención a las Víctimas del Delito. Estas instalaciones ampliadas contarán con un letrado, un trabajador social y un psicólogo para ofrecer a los habitantes del partido judicial de Orihuela que lo precisen la atención integral antes, durante y después del proceso judicial si han padecido la comisión de un hecho delictivo.
La consellera ha asegurado que todas las víctimas «van a contar con un equipo multidisciplinar para atender a sus derechos porque lo que estaba eran los derechos de las víctimas y creo que en esto se tenía que actuar con mucho rigor».
Por otra parte, Gabriela Bravo se ha reunido con el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, para hacer seguimiento del convenio que la Conselleria de Justicia firmó con el Ayuntamiento oriolano para llevar a término una solución para las necesidades de los juzgados de la ciudad.
El edificio de los juzgados se ha quedado pequeño y ya hay un órgano judicial fuera de la sede principal. Por ese motivo, la Conselleria de Justicia y el Ayuntamiento de Orihuela van a crear un equipo de trabajo técnico conjunto compuesto por técnicos de ambas instituciones «para valorar las nuevas necesidades y adoptar una solución para la mejora del servicio público y que los funcionarios puedan trabajar en condiciones de dignidad y salubridad».
La consellera también ha agradecido al alcalde «su implicación para solucionar otro problema enquistado, como era el pago del arrendamiento del edificio de los juzgados» (propiedad del Ayuntamiento) para el que ya existe una orden de pago por parte de la Generalitat que se hará efectiva en breve. Por ello, Gabriela Bravo ha asegurado que la solución definitiva a las instalaciones judiciales de Orihuela «se hará del mismo modo que se ha solucionado este viejo problema, es decir, colaborando con el Ayuntamiento».
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