Más de un centenar de vecinos, junto a miembros de Granja-Cox y Albatera No al Vertedero, han realizado una concentración cívica a las puertas de los Juzgados de Orihuela
Las plataformas Granja-Cox y Albatera No al Vertedero han protagonizado hoy una concentración cívica a las puertas del Juzgado de Orihuela para hacer público su rechazo a la “inadmisión”, de ambas asociaciones, como “acusación particular” en el ‘caso Brugal’ que investiga, entre otros asuntos, supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos XVII de la Vega Baja, que recayó en la UTE Cespa-Ortiz, perteneciente al empresario Enrique Ortiz, imputado en esta causa.
Más de un centenar de personas, entre miembros de las plataformas y vecinos llegados de varios puntos de la comarca y Crevillente, se han agolpado a las puertas de las dependencias judiciales durante algo más de una hora, bajo el grito de “No se juega con nuestra salud”, “Si pasan los camiones los vamos a quemar” o “Aquí huele mal y no es la basura”.
Las dos asociaciones consideran que para la defensa de los intereses colectivos que representan, “así como para ahondar y hallar la verdad”, es “necesaria” su participación en la instrucción y eventual acusación del ‘caso Brugal’, acompañando al Ministerio Fiscal y colaborando con la Administración de Justicia. De hecho, ambas tienen planteado actualmente un recurso por dicha inadmisión ante la Audiencia Provincial de Alicante.
Durante este acto, uno de los miembros de las plataformas ha leído un manifiesto donde dejan claro que su objetivo es ser “escuchados y defendidos” puesto que, tal y como han denunciado en múltiples ocasiones, en la gestión del Plan Zonal de Residuos XVII “se han cometido irregularidades y falseado proyectos y expedientes”. Según han dicho, “tenemos una administración corrupta, que no realiza sus funciones”.
Una de las abogadas de las plataformas, Beatriz Nadal, ha solicitado “coherencia” a los órganos jurisdiccionales, a jueces y fiscales porque, a su juicio, “no puede ser que la adjudicación del Plan Zonal XVII se haya investigado en el caso Brugal con técnicos y representantes políticos implicados, y siga adelante”.
En este sentido, ha explicado que ambas asociaciones presentaron un escrito de personación que, finalmente, fue desestimado por el magistrado al considerar que éstas “no están legitimadas” para entrar en esta causa. Algo que contradice la abogada ya que, según ha explicado, los colectivos “cumplen” los requisitos contemplados en la ley para personarse en este caso como “acusación particular”, y no entiende que el fiscal “no apoye” la admisión de ambas en las citadas diligencias.
Asimismo, ha recordado que ya existe una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) donde resuelve que el marco-vertedero debe ubicarse en Albatera y la planta de transferencia en Cox y que, para poder poder anularla, es “necesaria otra sentencia”.
Por su parte, uno de los miembros del colectivo de Albatera No al Vertedero, José Domingo Guillén, ha calificado de “injusta” esta decisión judicial puesto que, a juicio de la asociación, “los ciudadanos son, en definitiva, los más afectados por esta decisión que se va a tomar en los tribunales”.
“Es imprescindible que los vecinos estén representados de forma libre, limpia e independiente y no viciada como se está viendo aquí”, ha añadido.
Otro de los miembros de dicha asociación, José Antonio Juan, ha señalado que se han sentido “defraudados” por las administraciones públicas y, por ello, ha expresado su deseo de que “la Justicia no lo haga y nos dejer estar como parte, para defender nuestra salud y bienestar como ciudadanos”.
La portavoz de Coalición Valenciana en el Ayuntamiento de Albatera, Rosario Ballester, ha instado a las paltaformas a iniciar un procedimiento por la “vía penal” puesto que, según ha dicho, la vía civil es “simplemente para denunciar y defender, entre otros asuntos, la salud”.
Así, ha querido dejar claro que “lo que realmente hay es corrupción, un cojunto de delitos”, y ha pedido que “quien los haya cometido, independientemente del color político, los pague” porque, según ha dicho, “los vecinos están cansados y es muy duro que un pueblo -en referencia a Albatera- tenga que recibir las basuras de 27 municipios”.
Deja tu comentario