Las ‘Exigencias PAH’ llegan al Ayuntamiento de Orihuela

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PAH 17sept15

El colectivo registra un documento a nivel estatal en el que pide a los partidos una nueva Ley del Derecho a la Vivienda con unas medidas mínimas para hacer frente a la emergencia habitacional

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha lanzado una campaña a nivel estatal para exigir una nueva Ley reguladora del Derecho a la Vivienda que «cubra las medidas de mínimos para hacer frente a la emergencia habitacional». El colectivo de Orihuela ha registrado este jueves en el Ayuntamiento un documento denominado ‘Exigencias PAH’ con el que instan a todos los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones generales a cambiar la Ley Hipotecaria. Esta iniciativa será presentada por la PAH en todos los ayuntamientos de España.

«No podemos permitir que se esté viendo a nivel nacional el drama de los desahucios y solo se pongan parches», ha explicado José Andrés Berná, miembro de la plataforma, durante la presentación de esta iniciativa.

El documento recoge cinco puntos mínimos que la PAH exige que estén en una hipotética nueva Ley del Derecho a la Vivienda. Entre ellos se incluye la dación en pago retroactiva, la condonación de la deuda, la prohibición de que se realicen cortes de suministros básicos como agua, luz o gas o la garantía por parte de las entidades bancarias de que otorgarán un alquiler social a las personas deudas de buena fe que no dispongan de alternativa habitacional.

En el documento también hacen referencia a cuestiones de orden penal relacionadas con el derecho a la vivienda, como son las multas por oponerse a los desahucios o la despenalización del delito de usurpación.

Estas peticiones fueron recopiladas en 2013 bajo la Iniciativa Legislativa Popular y en ellas se recogen un apartado sobre los derechos de inquilinos, así como un desarrollo sobre las demandas sobre el alquiler social y la ampliación del parque de vivienda pública mediante la movilización de los pisos que mantienen vacíos entidades bancarias.

Las medidas de esta campaña están cubiertas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 11 reconoce «el derecho de todos a un nivel de vida adecuada para ellos y su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda». 

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