Las amenazas de «tortura» y «asesinato» al alcalde de Callosa y a los ediles de IU se juzgarán como delito

Los autores de varios comentarios vertidos en Facebook amenazando a Fran Maciá por retirar la Cruz de los Caídos se enfrentan a penas de uno a tres meses de prisión

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Orihuela juzgará las presuntas amenazas vertidas contra el alcalde socialista de Callosa de Segura, Fran Maciá, y los concejales de Izquierda Unida en redes sociales tras anunciar la inminente retirada de la Cruz de los Caídos de la Plaza de España, en virtud del cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

Estas presuntas amenazas se publicaron el 10 de noviembre de 2017 en una página de Facebook donde se vertieron comentarios como “pegarle un tiro a ese alcalde de mierda” o “Le volvemos a hacer otra visita relámpago a sede de IU. Esta vez con escarmiento les amordazamos con pastilla de jabón en la boca y torturamos”, en referencia a unas pintadas fascistas que habían aparecido días antes en la sede de Izquierda Unida en Callosa.

El regidor puso estos comentarios en conocimiento de la Guardia Civil por si pudieran ser constitutivo de un delito de amenazas y odio. Fruto de dicha investigación, se iniciará el próximo mes de febrero de 2019 en los juzgados de Orihuela juicio por delito de amenazas, al haberse considerado plausible que el autor había manifestado de forma externa su propósito de causar un mal.

Se ha abierto procedimiento judicial como delito de amenazas leve, y en este sentido, podrá ser castigado con la pena de multa de uno a tres meses en caso de ser condenado el autor y conlleva antecedentes penales.

Fran Maciá se ha mostrado “satisfecho” de que esta denuncia y posterior investigación culmine en apertura de juicio. “No todo vale en política ya que determinadas opiniones pidiendo muerte y tortura a personas por la aplicación de una norma legal no son admisibles en una sociedad democrática, donde existen alternativas para manifestar posiciones diferentes dentro de los cauces legales y respetando las ideas y opiniones de todos, valorando que una vez más en este caso de aplicación de la ley de memoria histórica en Callosa de Segura reciben como equipo de gobierno el amparo legal”, ha señalado.