La Agencia de Seguridad y Respuesta de Emergencias y el IVE elaborar una guía de inspección y evaluación de daños producidos en edificios por un terremoto
La Vega Baja es la comarca de la Comunidad Valenciana con «mayor peligrosidad sísmica» según la Agencia de Seguridad y Respuesta de Emergencias. El organismo ha firmado un contrato de servicio con el Instituto Valenciano de Edificación (IVE) para elaborar una guía de inspección y evaluación de daños producidos en edificios por un terremoto e integrarla dentro del plan especial ante riesgo sísmico.
La Comunidad Valenciana se ubica en un área de actividad sísmica moderada a escala mundial pero con importancia en la Península Ibérica. La mayor peligrosidad sísmica se concentra en la comarca de la Vega Baja. Los grados de intensidad sísmica oscilarían desde el 7 hasta el 10 en caso de que se produjera un terremoto grave que afectaría, principalmente, a las provincias de Valencia y Alicante.
Se trata, por tanto, de un riesgo grave dentro de la Escala de Intensidad Macrosísmica Europea que va desde el grado más ligero, el 1, al más fuerte, el 12, que se considera como de destrucción total. A partir del 6 y el 7 empiezan a producirse daños importantes.
El director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta de Emergencias, José María Ángel, señala que la guía permitirá conocer la vulnerabilidad de los edificios y construcciones de la Comunidad Valenciana si sufrieran un terremoto; reconocer los daños ocasionados en los mismos y las actuaciones y recomendaciones a seguir durante y después de la emergencia para volver a la normalidad.
El documento también facilitará el análisis y evaluación posterior del impacto económico y las necesidades y reparto de posibles ayudas a la población afectada. La implantación de la guía permitirá también crear una bolsa de técnicos expertos -arquitectos y arquitectos técnicos- en cada provincia de la Comunidad. .
José María Ángel apunta a que la bolsa permitirá «homogeneidad en la valoración de datos, una estimación que contribuirá a la equidad en la asignación de ayudas y que la respuesta sea siempre proporcional a la catástrofe».
Por eso, según José María Ángel, «los municipios tienen que trabajar en la elaboración de sus propios planos frente al riesgo sísmico porque tienen que conocer cómo actuar y gestionar la emergencia, y organizar los recursos necesarios para coordinarlos de manera eficiente en caso de que se produjera una catástrofe».
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