La senadora Teresa Belmonte denuncia que el PSOE no apoye las medidas para ayudar a los ayuntamientos en riesgo financiero

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Belmonte alerta que la situación actual “supone una merma en la calidad de los servicios que prestan los ayuntamientos”

El Senado aprueba tres mociones del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Entidades Locales defendidas por los senadores Teresa Belmonte, Juan Manuel González y Juan Ávila.

Durante el debate de la primera moción, la senadora Teresa Belmonte denuncia que el PSOE no apoye que se establezcan medidas dirigidas a los ayuntamientos en riesgo de sostenibilidad que, anualmente, garanticen su equilibrio presupuestario. En definitiva, se trata de establecer medidas que permitan atender el importe a amortizar en cada ejercicio por parte de estos.

En este sentido, la senadora y alcaldesa de Bigastro, alerta que “el elevado volumen de deuda al que se enfrentan los ayuntamientos supone una merma en la calidad de los servicios que prestan”.

“Hoy estamos dando voz a los municipios en riesgo financiero ya que el elevado volumen de la deuda nos impide proceder a la aprobación de unos presupuestos en los que no somos capaces de generar los ingresos suficientes para atender las peticiones de nuestros vecinos”, señala Belmonte

La iniciativa aprobada en la Comisión propone que las medidas deberán ser suficientes para que las entidades afectadas reduzcan el importe de su deuda financiera hasta el 110% de los ingresos corrientes.

En este sentido advierte que los municipios de menos de 20.000 habitantes acumulan el 14% del límite legal -2.800 millones-, por lo que exige al Gobierno que se tomen medidas “excepcionales” para estos municipios.

“Estos ayuntamientos no tienen la capacidad de generar estos ingresos, por lo que supondría una cuantía de cerca de 20 millones de los PGE, menos de 0,02% de la partida de gasto corriente”, incide la senadora valenciana.

Así, Belmonte recuerda que “esta situación afecta a todos los municipios gobernados por los partidos representados en el Senado”, por lo que solicita al Gobierno “una voluntad clara” para resolver el problema y no de “más paradas adelante”.

Los referidos ayuntamientos han realizado esfuerzos para el reajuste de sus cuentas públicas. En la mayoría de los casos, han cumplido con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, hecho que les ha permitido resolver sus problemas de morosidad y equilibrio en su gestión corriente. De ese modo, han podido generar ahorro bruto. Sin embargo, este se ha mostrado insuficiente para atender a sus obligaciones financieras, como anteriormente se señalaba.

Los hechos descritos permiten establecer que la situación general de los ayuntamientos en riesgo de sostenibilidad presenta una naturaleza estructural y, por tanto, son incapaces de restablecer el equilibrio de su hacienda de forma autónoma.

El marco en el que se encuentran los ayuntamientos afecta de forma crítica al normal funcionamiento de estos, sin capacidad de responder adecuadamente a las necesidades de los ciudadanos y del territorio municipal. Son entidades locales que se encuentran con graves dificultades para ejercer sus competencias y para prestar unos servicios públicos de calidad, a causa de una insuficiencia financiera asociada al elevado volumen de su deuda.

 

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