Por la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística
Miembros del Partido Popular se reunieron ayer, martes 26 de marzo, con representantes de las asociaciones Docentes por la Libertad Lingüística, plataforma integrada en Escuela de Todos, para compartir las primeras impresiones del borrador de ley de libertad lingüística que se presenta a las Cortes Valencianas por parte del Partido Popular y Vox.
Desde las asociaciones citadas agradecemos el esfuerzo de transparencia, aunque echamos en falta que no se haya cumplido del todo el compromiso tácito de contar con nosotros en la fase de preparación, pues como padres y docentes hemos sufrido la política segregacionista, pancatalanista y autoritaria del gobierno del Botanic, anteponiendo la imposición del catalán sobre el bien superior que representa el derecho a una educación de calidad de nuestros hijos, para lo cual la lengua materna es el principal e irrenunciable instrumento. Han conseguido que naturalicemos la idea de que estudiar en español en España sea un signo de fascismo sociológico.
La educación ha sido el medio preferido del separatismo para sembrar las bases de la disolución de la convivencia en España, y aquellos que apuestan por romper el Pacto Constitucional y quienes se suman sorprendentemente a sus fines, como el actual PSOE, renunciando a sus ideas y hechos más recientes, no pueden condicionar más tiempo la vida ni el futuro de nuestros hijos.
Nuestra asociación nació contra la Ley 4/2018 por ser una mala ley desde el punto de vista pedagógico y por ser un ley nefasta desde el punto de vista político: un proyecto de ingeniería social insolidario, ahistórico y contra la libertad, que impide y niega la evolución de la sociedad y pretende comprimirla en un mítico ideal de pureza que nos recuerda la sociedad estamental medieval.
Los miembros del actual gobierno deben saber que las reclamaciones del separatismo nacionalista son propias de tiempos predemocráticos y deben ayudar al actual PSOE a salir de esta deriva casposamente reaccionaria.
Los partidos y sindicatos nacionalistas y separatistas, con la lisérgica compañía del PSOE de Diana Morant, anuncian todo tipo de medidas para evitar una ley que pueda devolver la libertad y los derechos a padres e hijos en materia lingüística y educativa. En nuestra asociación estamos convencidos de que si presentasen la misma ley Marza, pero cambiando el color de la letra, irían a la huelga y a los tribunales, pues no es la calidad de enseñanza ni mejorar las expectativas de futuro de nuestros hijos su objetivo, sino crear una sociedad uniforme contraria a la libertad individual.
La Secretaría Lingüística que anuncia la nueva líder valenciana es una declaración de intenciones contra los valencianos que tenemos como lengua propia el español.Estas son las bases sobre las que nace la nueva ley de, esperemos, libertad lingüística.
En la reunión celebrada encontramos puntos de avance significativos, pero en otros nuestra posición es contraria a las disposiciones que contempla el proyecto de ley. Creemos que algunos puntos tienen errores subsanables y estamos preparando un memorando de sugerencias. Apreciamos la voluntad de cambio, pero nos parece que han hecho una ley timorata, lastrada todavía por el discurso disolvente del nacionalismo y queremos dejar claras algunas cosas para que se entienda nuestra posición:
Nuestra asociación no lucha por los derechos de los valencianos, sino de todos los españoles, cualquier punto que vulnere estos, como hacía la Ley 4/2018, contará con nuestro rechazo.
No queremos una ley que genere ciudadanos de primera y de segunda, como hasta ahora.
Creemos en el derecho a estudiar en lengua materna(sea en valenciano o en español) como garantía de éxito y como medio para reducir las desigualdades sociales. Los niños desfavorecidos son los que más se benefician de un buen sistema de enseñanza, garantía de su ascenso social y personal.
Estamos por la inclusión, no por la segregación que imponía la política lingüística del Botanic, y eso implica respetar sin fisuras las necesidades de los niños con dificultades de aprendizaje, por ello discrepamos de seguir manteniendo un modelo plurilingüe que no favorece el aprendizaje de las materias, que crea barreras a los alumnos con necesidades especiales y que impide la verdadera inclusión educativa.
Seguimos apostando por un concepto básico, la lengua es derecho de las personas, no de los territorios ni de ensoñaciones políticas trasnochadas. Los padres deben elegir y los poderes públicos arbitrar la medidas para garantizar sus derechos.
Mantenemos nuestra defensa de la exención mientras no se garantice absolutamente el derecho individual a utilizar la lengua propia cuando esta es el español. El derecho de exención, que contempla el Estatuto y la Ley de Uso y Enseñanza de 1983 ha sido el dique infranqueable, hasta ahora, para las políticas reaccionarias y liberticidas del separatismo nacionalista. Hacerlo más restrictivo es ir a favor del sectarismo lingüístico.
Creemos en el pacto constitucional que nos obliga a todos los españoles y somos enemigos de las disposiciones que limitan los derechos lingüísticos, laborales de movilidad y educativos amparados en criterios de singularidad, falsa diversidad, origen o lengua, expresamente prohibidos por nuestra Constitución y permanentemente vulnerados por las ideas xenófobas y supremacistas. Nuestra Comunidad no puede poner puertas a ningún español por razones identitarias.
Por último, sabemos de las dificultades para hacer una verdadera ley de libertad lingüística, pero en las promesas que llevaban los partidos hoy en el gobierno estaba ese compromiso. Hay un mandato cívico mayoritario, existe legitimidad democrática, esperemos que haya valor político par llevarlo a término.
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