La Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística considera que la nueva Ley de Libertad Lingüística es «positiva pero insuficiente»

La entidad pide la movilización de las familias para que voten «en libertad» sobre la lengua vehicular de la educación de sus hijos

La Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística, a propósito de la consulta para la elección de lengua base que tiene prevista el gobierno valenciano, y de algunas reacciones que ha provocado entre determinados sindicatos, desea expresar las siguientes opiniones:

Sobre la Ley de Libertad Educativa:

• La nueva Ley de Libertad Educativa suaviza, especialmente en las zonas denominadas castellanohablantes, el objetivo de la anterior ley Marzá o ley Ximo Puig, que no era otro que acercarse al modelo de inmersión total de Cataluña. Esto es bueno, pero insuficiente.
• La actual ley ha buscado reducir, en las zonas de predominio castellanohablante y en particular en la Vega Baja, el rechazo a la creciente inmersión que desarrolló el anterior gobierno, de inspiración pancatalanista, aunque deja deficientemente resueltas dos cuestiones:

1. La primera, la eliminación de facto la exención, reconocida por el Estatuto en su artículo 6 y la Ley  4/1983 de Uso y Enseñanza del Valenciano en los artículos 35 y 36 de la misma, al obligar a los alumnos a asistir a clase de valenciano y hacer todo el trabajo, con la compensación posterior de dejarles sin calificaciones. Algo parecido a ir a trabajar sin cobrar, los niños que elijan la exención se convierten en “becarios” del valenciano. De algún modo van allanando el camino al Gobierno que exige el fin de la exención, en línea con la doctrina nacionalista.
2. La segunda, mantienen en la Comunidad Valenciana ciudadanos con derechos y obligaciones distintos en función de su lugar de residencia, rompiendo el principio de igualdad que critican, con razón, en casos como el concierto catalán y contrariando el artículo 14 de la CE (Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social). La ley parece asentada en un principio preconstitucional al otorgar derechos en función de los territorios, en lugar de garantizar los derechos individuales de las personas, lo que puede generar desigualdades entre los ciudadanos.

• Esta ley, insisten, sigue siendo una ley de inspiración política, como la anterior, no de inspiración pedagógica, por eso sigue manteniendo el  fracasado plurilingüismo (usar asignaturas ordinarias para enseñar lenguas) y obliga al aprendizaje de una lengua, la cooficial, que es un derecho, como expresa el estatuto (Artículo sexto. El idioma valenciano es el oficial en la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza del, y en, idioma valenciano) y se desprende de la Constitución (Artículo 3. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla), convirtiendo el derecho en imposición.
• Este modelo (el plurilingüismo) es particularmente segregador y discriminatorio con los alumnos de bajo perfil socioeconómico y cultural y directamente improcedente con los niños con necesidades educativas especiales; “Tras más de diecisiete años de implantación de los programas plurilingües, con la Comunidad de Madrid como pionera, ya son muchas las variantes que se han introducido y experimentado con alumnos de todas las etapas educativas. No se salva ninguna. ¿Se han evaluado los resultados?”, Oscar Boluda. No, aunque los datos PISA y PIRLS reflejan un fracaso estrepitoso donde se aplica, pero aquí, como estamos muy motivados, seguimos con el modelo trilingüe del Botànic: inglés, valenciano y español: «no tiene sentido la educación trilingüe, es pura política a costa de los niños», los colegios con educación trilingüe son «los de élite» en los que se pueden permitir «clases de refuerzo», por lo que «imponer esto en un barrio que no corresponde es una locura y es cruel porque los niños se van a sentir fracasados», Inger Enkvist.
• Este modelo, aseguran desde la PDLL, contraviene el acuerdo con el Consejo de Europa, la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (CERLON) que firmó el gobierno Aznar, como lo hacen prácticamente todas las comunidades con lengua cooficial.
• Esta ley, insisten, aumenta la confusión al introducir el concepto legua base, que se suma al de lengua materna y lengua propia, y que es una simple añagaza semántica para establecer un sistema de conjunción lingüística semejante al modelo gallego, aunque no tan contrario al idioma común.

Respecto de la votación para la elección de la lengua base para la educación de los alumnos, desde la plataforma consideran que:

1. Entienden que realizar una consulta previa es necesario para poder hacer una estimación de cara a la organización del próximo curso, pero es sólo una consulta, por lo cual tienen dudas de que sea conveniente su carácter vinculante, por dos razones:

I. No todos los padres tienen asegurada la posibilidad de participar, entre otras razones, por la barrera digital que supone.

II. Porque los padres que no votan no pueden tener menos derechos que otros a la hora de elegir la lengua base de sus hijos. Los ciudadanos que se abstienen en las elecciones no quedan al margen del Estado. Además es una consulta, no una solicitud.

1. Porque los padres con un mayor nivel de exclusión social participan en menor medida en las consultas que se realizan y son, precisamente, sus hijos los que más necesitan aprender en su lengua materna.
2. La consulta es algo precipitada porque resulta compleja para muchos padres y exige una información, una voluntad y un dominio de los medios informáticos que difícilmente tengan bastantes de ellos.
3. La consulta puede estar lastrada, en los actuales momentos, por falta de claridad, de información o, directamente, dañada por un sesgo proveniente de directivas, claustros y AMPAS de marcada inclinación separatista, que llevan meses agitando en contra de la ley y, ahora, en contra de que los padres puedan elegir la lengua de estudio de sus hijos. Estos profesionales y los padres de adscripción nacionalista son, lo vivimos a diario, mucho más activistas que el resto, que prefiere no molestar a los demás con esencialismos reaccionarios.

Desde la PDLL reclaman al Consell un esfuerzo didáctico para que los padres puedan votar con plena libertad y conocimiento, así como un esfuerzo administrativo para su correcta ejecución.

1. Consideran que esta consulta se ha de realizar con la mayor de las garantías. Para ello es necesario que los padres tengan el tiempo, los recursos y todas las facilidades necesarias para realizarla.
2. Es muy importante que se estandarice el formulario de matrícula para que los padres, al margen de la consulta, puedan hacer en dicho impreso su solicitud expresa de en qué lengua desean que estudien sus hijos. Y para ello basta una casilla donde señalar la lengua de enseñanza que eligen.

Ante este escenario, desde la entidad sugieren las siguientes mejoras:

1. Entregar a los padres información relativa a cómo se solicita la clave de admisión y se accede a la plataforma para la consulta.
2. Realizar una formación a los padres para obtener la clave de admisión. Esta formación se ha de realizar previa al proceso de matrícula.
3. Recalcar a los padres en el anexo quién puede votar. También es necesario resaltar que sólo cuenta un voto de los representantes legales y las consecuencias de realizar dos votaciones por parte de dos personas diferentes.
4. Ampliar el plazo a 15 días para la votación (ya que es necesario que los padres puedan formarse para entrar en la plataforma de votación o para que los centros puedan atender a los padres si hacen la votación en ellos).
5. Especificar en la orden que está totalmente prohibido que los centros educativos condicionen de ninguna manera el sentido de la consulta. La consulta debe estar libre, en los centros educativos, de propaganda o actos en favor de una u otra opción.
6. Añadir una semana de prórroga si el absentismo en la consulta iguala o supera el 40%.

En definitiva, desde la plataforma creen que podría ser una consulta fallida por su propia complejidad y también por la desinformación o la información sesgada que reciban los padres. Por ello, han presentado una serie de posibles mejoras que garanticen el resultado más objetivo posible. Asimismo, siguen defendiendo que la libertad de elección, conforme a la Constitución, es el único modelo que no vulnera los derechos de ningún español. Desde PDLL no tienen ningún problema con el libre criterio de los padres, pero se preguntan por qué otros sí.