La ordenanza de viviendas sociales solo afectarán a los inmuebles dados de baja en suministros

Desde el tripartito aseguran que con las ordenanzas no persiguen un afán recaudatorio sino aumentar la bolsa de viviendas sociales en Callosa

El gobierno tripartito de Callosa de Segura presentará en el próximo pleno una serie de ordenanzas, tres en concreto, con las que pretende ampliar la bolsa de viviendas sociales. Según han indicado desde el equipo de gobierno, solamente formarán parte de esta bolsa aquellas viviendas cuyos suministros de luz y agua estén dados de baja.

Aquellos promotores o entidades financieras, perfiles de arrendatarios que según el equipo de gobierno callosino conformarán principalmente la bolsa, deberán pagar una tasa de 340 euros por la realización del informe sino incluyen sus viviendas en la bolsa. “No hemos redactado estas ordenanzas con el objetivo de recaudar más dinero, sino para aumentar la bolsa de viviendas sociales en el municipio”, ha indicado la concejal de Bienestar Social Antonia Cascales, y ha continuado: “En estos momentos la demanda de estos alquileres superan en el doble a la oferta de viviendas sociales”.

Protocolo

Los pasos a llevar a cabo para la ampliación de la bolsa de viviendas sociales, según ha explicado la edil, pasa por crear un censo de viviendas vacías, que estén dadas de baja en los suministros de luz y de agua.

Tras la creación de ese censo, el Consistorio remitirá una carta a todos los propietarios certificando que tienen esas viviendas vacías. Una vez notificado, se abrirá un periodo en el que los propietarios podrán pedir que su inmueble sea exento del pago de la tasa. Las exenciones para que las viviendas no entren en esa bolsa se podrán llevar a cabo si las misma son segundas viviendas o están deshabitada por motivos laborales o de dependencia, porque esa vivienda se encuentre inmersa en un proceso judicial o porque no reuna las condiciones de habitabilidad.

Los propietarios que no reúnan alguno de esos puntos, deberán pagar al Consistorio la tasa si no quieren cederá el inmueble para alquiler social.

Perfiles de inquilinos

Según Cascales existen tres perfiles que podrán ocupar estas viviendas tras solicitarlo a los Servicios Sociales de la localidad. Aquellos casos personales que los Servicios Sociales consideren de emergencia, tendrán acceso a estos hogares pagando un alquiler de 80 euros, con una estancia máxima de tres meses dentro de este programa.

Los catalogados como Alquiler Social, deberán pagar 140 euros mensuales, y podrá ser extensible hasta como máximo un año. Y por últimos, aquellos que entren en el denominado Alquiler Jóven pagarán 180 euros mensuales, y el programa se extenderá, también, durante doce meses.