Albaladejo asegura que la única intención de la oposición es “encausar penalmente a los miembros del equipo de gobierno”
A las ocho y media de la mañana y en medio de una semana en el que la tónica general es el olor a incienso de las procesiones, el alcalde de Torrevieja convocó el pleno extraordinario de fiscalización del expediente completo del Teatro Municipal. El pleno, con 8 puntos en el orden del día, se resolvió en cerca de cuatro horas en las que la oposición explicó una y otra vez que el pago de los cerca de tres millones de euros a la empresa Acciona, por los sobrecostes de la construcción del Teatro Municipal se hicieron de forma irregular y sin que se certificaran obras por ese valor de forma fehaciente.
Las argumentaciones de la oposición se basan fundamentalmente en los diferentes informes emitidos por los distintos técnicos municipales. En uno de ellos se recoge que “no está justificada la desviación de los costes”, algo que el supervisor de la obra Víctor Costa, advirtió en varias ocasiones a través de diferentes informes. De hecho, de la lectura del expediente completo se podría incluso deducir que el supervisor de la obra ni tan siquiera contaba con el Proyecto, aprobado por el ex alcalde, tal y como se deduce de un fax enviado al Arquitecto Antonio Marquerie, autor del proyecto y responsable de la dirección de obra, en el que se le reclamaba el envío del mencionado Proyecto. La concejala Fanny Serrano (PSOE) argumentó que no existe ningún informe que avalara el pago de los más de 3.475.367,73 euros de sobrecoste. Por el contrario la mayoría de estos, a excepción de un informe de parte emitido por el bufete ‘Ariño Asociados’, el mismo que avaló la contratación de ACCIONA para el servicio de recogidas de basuras por el que se ha condenado al ex alcalde Pedro Hernández Mateo, advertían de las posibles irregularidades en el proceso de certificación. Por su parte José Manuel Dolón (LV), además de recordar que el actual Teatro Municipal se construyó derribando un edificio protegido por el PGOU, esgrimió argumentos en la misma dirección que la edil socialista , aunque a este no le tembló la voz al calificar la actuación de aquel equipo de gobierno como “pelotazo” en el que no se han podido certificar por los técnicos municipales las razones del sobrecoste porque tal y como reconoce el técnico supervisor “desconoce donde se gastaron” explicó el ecologista.
Alguna de las cuestiones que la oposición puso en entredicho es el informe de Marquerie en el que asegura que en 2008, después de dos años de abierto el teatro al público, se realizaron obras por valor de más de 3.900.000 euros, un informe realizado el 21 de julio de 2011. Así como la validez de las certificaciones emitidas por Marquerie, utilizadas para justificar el coste de la construcción del teatro y no perder la subvención acordada con la Conselleria de 6.000.000 de euros para la construcción del Teatro Municipal y el Museo de las Eras de la Sal. Este último de 753 páginas 
también lleva la rúbrica del técnico supervisor de la obra, quien vuelve a diferenciar entre el importe de la obra certificada y la desviación presupuestara de 3.475.367 euros. Serrano también puso sobre la mesa que este importe se pagó a instancias del ex alcalde sin la firma de ningún técnico que avalara el procedimiento de reconocimiento extra judicial de crédito, una decisión que no podía tomar la Junta de Gobierno local porque esto excedía sus competencias.
Sin licencia de apertura
Otra de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa es la falta de licencia de apertura del Teatro Municipal, una licencia necesaria según la legislación vigente para llevar a cabo actividades culturales con público. Esta imposibilidad de poder “hacerse” con esta se debe a las numerosas deficiencias del teatro municipal, tres folios, en los que se recogen desde la inadecuada distancia entre las butacas, hasta la distancia del foso de la primera fila de asientos, o algunas deficiencias relacionadas con las salidas de emergencia, evacuación de la sala, accesibilidad, etc. Estas argumentaciones han sido rechazadas por Francisco Moreno, edil de Urbanismo, quien asegura que existen 3 informes favorables, dos del Ayuntamiento y uno de la Conselleria de Gobernación, aunque no puedo acreditar la existencia de una licencia de Apertura para el Teatro Municipal.
“Aquí la política ha muerto”
La defensa de la actuación del equipo de gobierno, esgrimida por el concejal de Hacienda y Portavoz, Joaquín Albaldejo se basó más que nada en propugnar la idea de que el único interés de la oposición es “encausar penalmente a los miembros del equipo de gobierno”, lo que calificó como “manifiesta incapacidad de ganar en las urnas”. Albaladejo centró toda su atención en la liquidación emitida por el arquitecto Marquerie y firmada por el supervisor de la obra Víctor Costa en diciembre de 2013 en el que según Albaladejo se detallaban al milímetro todas las certificaciones, incluidas las actuaciones que llevaron al sobrecoste que excedía en 2,4 veces lo legal según la ley que regula las contrataciones de la administración. Albaladejo, que acusó a la oposición de lanzar “soflamas” para asustar al equipo de gobierno, dando los nombres de los componentes de la Junta de Gobierno de febrero de 2011 en la que se aprobó el pago de más de cuatro millones y medio de euros a Acciona por la construcción del Teatro Municipal después de cinco años de haber recepcionado la obra, afirmó que en la certificación presentada dos años después se justifica hasta el último céntimo que se aprobó pagar en aquel momento. Además el portavoz popular se permitió sacar pecho asegurando que gracias a ese pago, Torrevieja se habría ahorrado cerca de 1,2 millones de euros de intereses de demora, aunque según explicó más tarde la socialista Serrano, en el expediente no existe ninguna demanda de pago de la empresa que justifique las prisas del equipo de gobierno saliente en aprobar ese pago.
Por último, el popular, en lo que la oposición catalogó como “un intento de echar balones fuera” aseguró que está esperando a que se le sugiera la necesidad de abrir expediente a los funcionarios que no alertaron a la Junta de Gobierno de que la actuación que se estaba llevando a cabo no se ajustaba a derecho y “depurar las responsabilidades”, que según lo que sugiere el discurso del portavoz, al parecer recaen –según este último- sólo en los funcionarios municipales.
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