Los once Ayuntamientos miembros tendrán que hacer frente a una deuda de 1,4 millones de euros
La Mancomunidad de Servicios de Promoción Económica Vega Baja se reunió ayer en sesión plenaria en la que se aprobó el proceso de liquidación de la entidad para «poder establecer un procedimiento ordenado y poder liquidar su patrimonio y saldar sus deudas». Los once Ayuntamientos miembros (Benejúzar, Bigastro, Jacarilla, San Miguel de Salinas, San Isidro, San Fulgencio, Benferri, Benijófar, Los Montesinos, Algorfa y Redován), deberán hacer frente en los próximo seis meses a una deuda de 1.424.240,99 euros. Estos atrasos en el pago están divididos en cuotas liquidatorias (que deberán hacer frente todos los Ayuntamiento según población y antigüedad en la entidad) y cuotas pendientes (Ayuntamientos de Bigastro, San Miguel de Salinas, San Fugencio, Algorfa y Redován).
Abstención de Redován
Durante este último pleno, el Ayuntamiento de Redován, personificado en su alcalde, el popular Emilio Fernández, se abstuvo a la hora de votar la aprobación del calendario y presupuesto de liquidación de la Mancomunidad. El primer edil redovanense entendía que su localidad está fuera de la Mancomunidad al presentar su baja de la misma en noviembre de 2011.
El Consitorio redovanense asegura que la solicitud de baja en la Mancomunidad del municipio se aprobó en el Pleno local y se presentó antes de que se iniciara el proceso de liquidación, aprobado en enero de 2012, por lo que Redován ya no formaría parte de la Mancomunidad entonces. Desde el Ayuntamiento afirman haber iniciado un recurso en los juzgados para que sean estos quienes decidan conforme a la ley si Redován deberá o no hacer frente a la cuantía económica que le adeuda la entidad a extinguir.
Círculo vicioso
Al comienzo de la presente legislatura, las cuentas de la Mancomunidad no cuadraban. El funcionamiento económico financiero de la entidad, donde el periodo medio de ingreso de sus derechos y anticipos se elevaba por encima de los 365 días, se vio colapsado a partir del mes de noviembre de 2011.
La Generalitat concedía las subvenciones a los programas formativos organizados por la Macomunidad una vez que la entidad comarcal los realizaba y justificaba correctamente mediante la acreditación del gasto asociado al mismo y su correspondiente pago. La Mancomunidad debía de realizar el programa, comprometerlo y pagarlo antes de tener la subvención como derecho reconocido. Por lo que la entidad comarcal se vio envuelta en un círculo vicioso del que únicamente podía salir mediante la liquidación, sobre todo cuando la financiación externa era imposible debido a los límites de endeudamiento a los que los Ayuntamientos están sometidos.
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