El Juzgado de 1º Instancia remite al Juzgado de Instrucción por si la actuación realizada cuando Javier Pérez (PP) era alcalde pudiera ser constitutivas de un delito penal
El Juzgado de Instrucción de Orihuela investigará la posible comisión de un delito por fraccionamiento de pago en la contratación de la Cabalgata de Reyes del año 2014 en Callosa de Segura, cuando era alcalde el popular Javier Pérez.
El Juzgado de 1º Instancia de Orihuela ha remitido al Juzgado de Instrucción el contrato de la Cabalgata de Reyes para que investigue un supuesto delito por fraccionamiento de contrato tras recoger en su sentencia que “claramente se trata de un solo contrato que fue fraccionado a fin de evitar los límites impuestos en la legislación […] puede dar lugar al inicio de actuaciones penales”.
Los hechos se remontan al año 2014 cuando el Ayuntamiento de Callosa de Segura contrató a dos empresas diferentes para poder realizar la Cabalgata de Reyes, a una de ellas por 8.280 euros y a otra por un importe de 18.000 euros, cantidad máxima por la que la legislación permitía adjudicar a dedo sin necesidad de realizar un concurso público.
Las dos empresas fueran contratados para la prestación del mismo servicio y la firma se rubricó con una diferencia de seis días. Posteriormente, uno de los contratados reclamó al Ayuntamiento el pago de una factura impagada por importe superior a los 8.000 euros.
A raíz de las pesquisas realizadas durante la instrucción se descubrió que el demandante está vinculado a la otra mercantil y se ha podido comprobar en las conversaciones como, al incrementarse el coste inicial, y a pesar que la negociación se hacía de forma unitaria, se decidió finalmente la emisión de dos contratos.
El fallo recoge sentencia desestimatoria de reclamación realizada por contratación de espectáculo cabalgata de Reyes Callosa de Segura enero 2014 del señor Juan Carlos Calleja Pons, condenándolo en costas, y el juez entiende fraccionamiento de contrato y dada la gravedad de los hechos deduce testimonio por posible delito y lo remite al Juzgado de Instrucción por posible comisión de un delito contra la administración pública.
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