La magistrada considera que el desalojo del sindicato de su oficina ocasiona un perjuicio de muy difícil reparación
La titular del Juzgado Nº1 de lo Contencioso Administrativo de Elche estima la petición de medidas cautelares solicitadas por el sindicato CCOO para la paralización del desalojo del sindicato de la sede que desde que un acuerdo plenario del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas cediera “sine die” el uso del local de 15m2 ubicado en el primer piso de la Casa del Pueblo. El desalojo se produjo el pasado 18 de julio por decisión del alcalde de San Miguel de Salinas, el popular Ángel Sáez, quien justificó su decisión en la “necesidad de contar con más metros” para acceder a una subvención de la Generaliat para la biblioteca municipal.
El auto dictado el pasado 17 de septiembre por la Magistrada María Dolores Samper Soto estima las medidas cautelares solicitadas por el sindicato CCOO, primer paso en proceso administrativo interpuesto por CCOO contra la medida tomada por Sáez. La jueza en su auto argumenta la decisión de suspender cautelarmente el desahucio porque “habida cuenta del tiempo transcurrido entre la primera resolución el 10 de mayo de 2012 en la que se señala por el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas que se precisa utilizar el despacho hasta la resolución última en la que se ordena el desalojo el 10 de julio de 2014” hace entender que esta medida no perjudica el interés general que representa la administración y matiza “que por otra parte se toma en consideración que la organización sindical también ostenta un interés general, digno de protección, porque asume la representación y defensa de los derechos de sus afiliados”. Por lo que dicta la suspensión del desalojo, aunque este ya se ha producido, porque entiende que “de producirse el desalojo requerido se ocasionaría un perjuicio de muy difícil reparación”. Por su parte al Ayuntamiento podría presentar recurso contra la decisión judicial en el plazo de 15 días, de no presentarse recurso ante las medidas cautelares señaladas por la magistrada el consistorio debería revertir el desalojo y volver a poner en disposición del sindicato el uso del espacio que desde 1989 ha utilizado para llevar a cabo su labor sindical.
Satisfacción con la justicia
Fuentes sindicales han indicado a DIARIO DE LA VEGA que se encuentran satisfechos de que la Magistrada “estime nuestra causa como legítima” y admita las medidas cautelares ahora seguirán el cauce de un proceso en el que esperan que la justicia les dé la razón y muestran su satisfacción porque se ha entendido que la decisión del alcalde ha sido un atropello. “Si el alcalde no hubiera tenido la actitud “caciquil” el pasado 18 de julio se podría haber evitado un proceso judicial que sólo perjudica al Ayuntamiento de San Miguel de Salinas” indica Martín Carpena, secretario general del sindicato en el Vinalopó –Vega Baja, quien considera que la decisión del alcalde no estaba basada en una necesidad sino en una decisión política. “El alcalde con su acuerdo se ha saltado la voluntad política del pueblo de San Miguel de Salinas de enmendar un latrocinio histórico” manifestó el sindicalista.
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