En su auto ve indicios «acreditados» de que el empresario oriolano y varios de sus socios cometieron diversos delitos contra el medio ambiente
La juez que investiga supuestas irregularidades en el enterramiento de basuras en parcelas de suelo rústico en la pedanía oriolana de La Murada, una de las piezas separadas del ‘Caso Brugal’, ve indicios de un delito contra el medio ambiente y ha abierto un procedimiento abreviado contra siete personas y cinco empresas por estos hechos.
En su auto, la juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela aprecia que los hechos atribuidos a siete personas, entre ellas el empresario oriolano Ángel Fenoll, su hijo Antonio Ángel Fenoll y el ex concejal del PP de Albatera, Javier Bru, podrían ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente. Asimismo hace responsables subsidiarias directas a siete empresas entre las que figura Proambiente S.L.
El auto recoge la existencia de indicios «acreditados» de la comisión de varios delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales y se basa principalmente en las conversaciones intervenidas mantenidas entre Ángel Fenoll, su hijo y el ex edil popular Javer Bru, en la que los imputados coordinaban la forma de realizar los vertidos. Así como en informes periciales que constan en la causa.
El documento señala que los imputados «vertieron residuos que alcanzaron a la denominada Rambla Salada, Paraje Los Rubiras, perteneciente al dominio público hidráulico del término municipal de Orihuela, ocultando dicho vertido con el cultivo de cítricos que situaron entre los taludes naturales que conforman el cauce del barranco Rambla Salada».
Unos hechos que, como se indica en el auto, han provocado una «gran afección» sobre el territorio y los elementos naturales del entorno, a lo que la juez añade el «alto riesgo de contaminación» de las aguas subterráneas y los acuíferos así como de emisiones de gases y fenómenos de autocombustión.
La magistrada considera además que «como consecuencia del reiterado vertido se produce una fuerte emanación de gases, en época de lluvias rezuman lixiviados, las basuras son arrastradas por el viento, y dadas las características del terreno, permeable y con abundantes acuíferos subterráneos, existe un evidente riesgo de que éstos también se contaminasen por la filtración de las aguas contaminadas de las lagunas y por los lixiviados procedentes de los residuos del vertedero. Y así consta en informes toxicológicos que acreditan la existencia de metales pesados».
La investigación de estos hechos parte de una denuncia interpuesta en 2011 por el Ayuntamiento de Orihuela, en concreto por la Concejalía de Medio Ambiente por entonces a cargo del edil Manuel Culiañez, para que se investigase la procedencia de los enterramientos de vertidos ilegales en parcelas de La Murada.
En septiembre de 2014 el Juzgado de Instrucción número 3 comenzó a investigar más terrenos en la pedanía oriolana sospechosos de contener enterramientos tras la ampliación de la denuncia por parte del Consistorio oriolano.
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