La Junta de Seguridad Local aprueba el protocolo de colaboración
La Junta local de Seguridad de Rojales aprobó este martes la adhesión del municipio al protocolo de colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género firmado entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias.
Con este acuerdo, según explica la Teniente de Alcalde y concejala de Igualdad, Inmaculada Chazarra, los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Rojales se coordinarán estrechamente en la ejecución y seguimiento de las medidas judiciales para la protección en la gestión de la seguridad de las víctimas a través del sistema integral de los casos de violencia de género (VioGén).
“Hoy es un día grande ya que damos un paso más para seguir trabajando en la erradicación de la violencia de género. Queda mucho camino por recorrer pero el protocolo aprobado ayudará bastante para acabar con esta lacra social” indica la concejala.
La Junta de Seguridad se celebró por medios telemáticos debido a las medidas derivadas de la pandemia. Estuvo presidida por la subdelegada de Gobierno, Araceli Poblador y el alcalde de Rojales, Antonio Pérez. También estuvieron presentes las concejalas de Seguridad e Igualdad, Lourdes López e Inmaculada Chazarra, así como la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer y responsables de la Guardia Civil, Policía Local y Policía Autonómica.
Los principios generales del protocolo operativo tienen como premisa fundamental la garantía de protección a las víctimas de violencia de género y el ejercicio coordinado de competencias de cada cuerpo policial actuante en cada caso. En este sentido se indica que en cada caso la instrucción del correspondiente atestado y la investigación de los hechos ocurridos serán competencia de la Guardia Civil, actuando la Policía Local de Rojales en cuanto a las diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en la junta de seguridad, garantizando al mismo tiempo la protección de las víctimas y de los menores a su cargo, dando inmediato traslado de lo actuado a la Guardia Civil del puesto de Almoradí.
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