La mujer, de 29 años, llevaba seis años vendiendo perros y gatos de diferentes razas con cartillas sanitarias falsas
La Guardia Civil investiga en Orihuela a una mujer, de nacionalidad española y 29 años, a los que se le imputa los presuntos delitos de intrusismo y falsedad documental.
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil detectaron varias irregularidades en cartillas veterinarias de varios perros, que habían sido llevados a clínicas veterinarias de Orihuela y en Santomera (Murcia).
Los animales, que tenían su procedencia en la provincia de Alicante, tenían una cartilla veterinaria en las que constaba el pedigrí, además de diversas vacunas y desparasitaciones. Sin embargo esas cartillas no tenían el formato oficial que está regulado por la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, ni los datos de las vacunas y desparasitaciones tenían el sello, firma y número de colegiado del veterinario que supuestamente debía haberlos suministrado al animal.
Los agentes investigaron la procedencia de todos y cada uno de los animales con estas cartillas falsas, averiguando que los dueños, habían comprado los animales por internet.
Tras realizar las pesquisas pertinentes, la investigación condujo a una mujer de 29 años, que podría llevar al menos seis años vendiendo perros y gatos de diferentes razas. En esta ocasión, fueron dos los cachorros de raza chihuahua los que entregó junto con una cartilla sanitaria que no era oficial, y que a pesar de tener la pegatina de la vacuna, no tenía la firma ni el número del veterinario colegiado correspondiente, con el consiguiente riesgo para la salud de los propietarios y de los animales, al desconocer su procedencia o su correcta administración.
Una vez localizada la vendedora de los animales, los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Alicante, han investigado a esta mujer española, de 29 años, como presunta autora de un delito de falsedad documental y otro delito de intrusismo profesional.
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