El establecimiento de la localidad de la Vega Baja carece además de autorización de la Conselleria para llevar a cabo su actividad comercial
La Guardia Civil, con la colaboración de la Inspección Pesquera de la Generalitat Valenciana, ha incautado 520 kilos de pescado inmaduro (merluza y pulpo) en el puerto pesquero de la localidad de Calpe, y más de 610 kg. de moluscos (almeja japónica) procedentes de Portugal, que carecían de los documentos pertinentes de trazabilidad.
En el marco del Plan Anual de Control e Inspección de las Actividades Pesqueras (PACIAP), agentes de la Guardia Civil del Servicio de Protección de la Naturaleza han realizado diversos controles, junto a inspectores de Pesca de la Generalitat Valenciana, en varios puntos de la provincia.
Ha sido en la localidad de Cox donde los agentes encontraron en un establecimiento dedicado a la comercialización de moluscos bivalvos, más de 600 kilos de la especie almeja japónica (ruditapes philiprinarum) que, si bien pudieron comprobar que procedían de un mariscador portugués, no disponían de la documentación de trazabilidad, al no haber pasado por ningún centro de expedición.
Los agentes también comprobaron que el establecimiento tampoco disponía de autorización por parte de la Consellería de Agricultura para llevar a cabo su actividad comercial que, además de la comercialización, incluía la depuración de este tipo de especies, destinadas al consumo humano.
La más de media tonelada de moluscos, tras su incautación, ha sido entregada a centros benéficos para su consumo por los más necesitados.
Por otra parte, durante la inspección en el puerto pesquero de Calpe), se intervinieron un total de 520 kilos de pescado fresco inmaduro, principalmente merluza y pulpo.
El pescado se estaba comercializando en distintos puntos del puerto, incluso en interior de vehículos, sin pasar los preceptivos controles en la lonja, careciendo de este modo, de los etiquetados de trazabilidad y sanitarios.
Los agentes del SEPRONA instruyeron, durante estas inspecciones, un total de 8 actas de denuncia, en los que hay implicados cinco buques pesqueros y tres mayoristas.
El pescado incautado fue entregado, al igual que en el caso anterior, a distintos centros benéficos para su consumo, una vez pasó los controles sanitarios pertinentes.
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