Una vez que se hacían con la producción le daban salida al extranjero, dificultando así que se les siguiera la pista, desapareciendo sin pagar
La Guardia Civil de Alicante ha detenido a tres personas desarticulando un grupo criminal dedicado a estafar a productores hortofrutícolas. Contrataban a los agricultores la compra de la producción de la temporada, y una vez que recibían la mercancía, desaparecían sin abonarla.
A finales del pasado mes de mayo, un agricultor denunció en el Cuartel de la Guardia Civil de Callosa de Segura que había vendido 25.000 kilogramos de cítricos a una empresa, si bien, hasta esa fecha, los compradores aún no le habían abonado la mercancía. A través de un corredor hortofrutícola que trabajaba para esa empresa, el perjudicado había establecido el contacto y firmado un contrato con los compradores en el que se comprometían a abonarle 8.200 euros, a finales de marzo, fecha en el que la producción acordada sería recolectada y entregada. El agricultor, por su parte, asumía todos los gastos de producción, mantenimiento de la cosecha y recolección.
Como el agricultor ya conocía al comercial por otros contratos anteriores, se fio de la oferta y firmó el contrato. Sin embargo, pasados dos meses desde que les entregó la cosecha, los compradores no le habían pagado. Por lo que decidió denunciarlo. El Equipo contra robos en el campo (ROCA) de la Guardia Civil de Torrevieja se hizo cargo de la instrucción de las diligencias para investigar lo sucedido, convencidos de que se trataba de un posible delito de estafa.
Los agentes averiguaron que la empresa bajo la que operaban los presuntos estafadores estaba registrada desde hace tres años, y que con frecuencia iba cambiando de ubicación. Comprobaron que la forma de operar era siempre la misma: Una vez se establecen en una nueva localización, valiéndose de comerciales conocidos en la zona, en los que los agricultores tienen depositada una cierta confianza por haber realizado con ellos contratos anteriores, los invitan a trabajar para ellos y captar a posibles interesados en venderle a la empresa su producción. Sin embargo, una vez recibida la mercancía, la empresa desaparece del lugar, dejando al estafado la deuda, dificultando así la localización de los delincuentes, y aprovechando la llegada a un sitio nuevo en el que tratan de localizar otras posibles víctimas. La mercancía estafada, es vendida en el mercado negro en el extranjero, dejando así aún menor rastro de la comisión del delito.
Ante los agricultores de la zona, se presentan como una empresa con relativa trayectoria en el mercado, por llevar creada desde hace algunos años, y contar con varias sedes por el territorio nacional. Al dirigirse a ellos a través de corredores con los que los agricultores ya han trabajado en ocasiones anteriores, las víctimas no sospechan de que, en realidad, se trata de una estafa. Además, a la firma del contrato, adelantan una pequeña cantidad, haciéndoles creer que se trata de una empresa solvente. Llegado el momento de entregar a la empresa la producción recolectada, si el agricultor se resiste a entregar la mercancía antes de haber cobrado, les extienden un cheque que en realidad carece de fondos.
En apenas unas semanas desde la interposición de la denuncia del agricultor de Callosa de Segura, los investigadores localizaron a los principales artífices de la trama, dos personas de origen italiano. Tenían registradas varias sedes de la empresa distribuidas en tres localidades: una en Cox, y otra en Callosa de Segura, sendas en la provincia de Alicante, y la tercera en Beniel (Murcia).
Tras cometer una estafa bajo la titularidad de una de las sedes, cesaban la actividad en esa y activaban la de otra de las sedes, complicando así la labor de los investigadores.
Han sido detenidas tres personas: un hombre de nacionalidad española, de 56 años, con domicilio en Orihuela, que hacía las funciones de comercial, otro hombre, de 59 años, de nacionalidad italiana, el cabecilla de la banda, que posee antecedentes por estafas similares cometidas en la Región de Murcia en el último año, y una mujer de 54 años, también italiana. Estos últimos residen en Los Alcázares (Murcia), y son los titulares de la empresa bajo la que opera el grupo. Se les imputa un delito de estafa y otro delito de pertenencia a grupo criminal.
Han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Orihuela, quedando en libertad con cargos. No se descarta que sean localizados más perjudicados.
Este tipo de estafa es común en el sector, por lo que, desde la Guardia Civil se recomienda formalizar la correspondiente denuncia tan pronto como se sospeche estar siendo víctima de un delito. En la página Web oficial www.guardiacivil.es los usuarios pueden encontrar algunas recomendaciones para cuando se encuentren ante negocios lucrativos, evitando que se materialice el engaño.
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