El nuevo texto recomienda a los maestros limitar las tareas para casa para garantizar el derecho del alumno al ocio, al deporte y al tiempo libre
Los niños valencianos ya tienen una ley propia que impulsa su participación en la vida pública, defiende que se tenga en cuenta su opinión en ámbitos como el médico pero también promueve que se limite el exceso de deberes para garantizar el tiempo de juego, sobre todo en Primaria. Esto último es una recomendación, no una obligación, pero supone un hito ya que por primera vez se regula por ley el tiempo que los alumnos deben dedicar a hacer deberes en casa.
Estos son los principales rasgos de la Ley Valenciana de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia que entró en vigor el día de Navidad, después de ser publicada el lunes, día de Nochebuena, en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOCV).
La norma, aprobada por las Cortes Valencianas el pasado 29 de noviembre, otorga a los niños la consideración de ciudadanos ‘de pleno derecho’, e impulsa su participación en la vida pública y la promoción de sus derechos. De esta forma, regula el derecho a que la opinión de este colectivo sea escuchada y tomada en consideración en todos los asuntos que les afectan, y establece el acceso al ocio educativo como un derecho de manera que el exceso de deberes en Primaria no reduzca el tiempo de juego, así como el derecho al buen trato.
El texto recomienda a los maestros que limiten al máximo las tareas que ponen para casa, para que «las que tengan que realizarse fuera de la jornada lectiva no menoscaben el derecho del alumno al ocio, al deporte y a la participación en la vida social y familiar».
Además, sitúa la infancia y la adolescencia en el centro de las políticas públicas; elimina el límite de edad para que se escuche su opinión en el consentimiento informado en los tratamientos médicos, y fija la obligación de los padres a respetar sus convicciones en cuanto a libertad ideológica, conciencia o religión. También reconoce el derecho a la identidad y la expresión de género, y establece que las administraciones públicas tendrán que consultar la opinión de los niños en las políticas de ocio educativo o diseño urbano. También establece protocolos sanitarios y educativos para los menores en situación de acogimiento familiar, a los que se les dará acceso prioritario a ayudas de estudio, comedor o transporte y becas. Así, la norma persigue fomentar las familias extensas o educadoras como medida preferencial y diseñar un plan de protección para que los menores puedan volver en el menor tiempo, si es posible, con su familia.
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