La vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, preside este órgano que reclama que se tengan en cuenta los efectos económicos y sociales de los recortes en la cuenca del Segura
La Comisión Provincial del Agua ha vuelto a mostrar hoy su rechazo al incremento de los caudales ecológicos del Tajo recogido en la nueva planificación hídrica de esta cuenca, aprobado por el Consejo Nacional del Agua, por sus negativos efectos en la demarcación hidrográfica del Segura, cuestionando, a su vez, el ‘pacto’ anunciado por la Generalitat Valenciana por desconocer su contenido exacto y no contar con informes técnicos que justifiquen la subida propuesta de 7 metros cúbicos por segundo.
La vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha presidido la reunión de este órgano, en el que se han detallado las consecuencias del incremento de los caudales, con una merma del trasvase Tajo-Segura de 105 hectómetro cúbicos al año. En este sentido, esta reducción provocará, según los informes elaborados por los técnicos que ha ofrecido el director de la cátedra del Agua, Joaquín Melgarejo, la pérdida de más de 27.000 hectáreas de regadío, 5.692 millones de euros y 15.300 puestos de trabajo, además de incrementar en 2027 el déficit estructural de la cuenca del Segura a 309 hectómetros cúbicos.
Durante la Comisión del Agua, tanto las comunidades de regantes como los técnicos han cuestionado, además, el acuerdo anunciado por la Generalitat Valenciana con el Ministerio de Transición Ecológica para aumentar el caudal a 7 metros cúbicos por segundo a partir de 2023 y condicionar la subida al estado ambiental del río.
Así, se ha apuntado que se desconoce el documento de ese ‘pacto’, al tiempo que se ha denunciado que el mismo no se sustente en ningún informe técnico que avale la subida. Además, se critica que el acuerdo vincule el trasvase a la depuración de aguas en Madrid “cuando en nada contribuye el trasvase a la contaminación del Tajo”.
Serna ha explicado que “en la Mesa del Agua hay representantes de todos los sectores económicos de la provincia, principalmente regantes, y partidos políticos que defendemos los intereses del territorio frente a la ambigüedad por parte de la Generalitat que vende un pacto histórico que garantiza la soberanía hídrica del territorio pero que nadie conoce y a día de hoy no sabemos siquiera si se va a tener en cuenta”.
Al respecto, ha añadido que “nos jugamos mucho y la preocupación está en el aire porque, una vez más, tenemos que sufrir la inacción de un presidente como Puig que desde el minuto cero no ha defendido los intereses de esta provincia ni de la Comunitat”. “Ahora se desmarcan desde la Generalitat con que, si no se cumple con esa disposición adicional novena, cambiaran su voto, pero no se dónde lo van a hacer porque eso se decide en el Consejo de Ministros. Una vez más. nos han engañado y nos dejan en una situación totalmente desastrosa que, de no revertirse, condena a muerte a la huerta de Alicante”.
Júcar-Vinalopó
Durante la Comisión Provincial del Agua también se ha abordado la situación del trasvase Júcar-Vinalopó y se ha explicado, por parte de Ángel Urbina, el voto particular de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja al Proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar.
Urbina ha explicado, al respecto, que entre otras cuestiones, se ha expresado la necesidad de que se vincule la sustitución de los recursos subterráneos en las masas de agua en mal estado del sistema de explotación del Vinalopó-Alacantí con la recepción de recursos externos.
El presidente de los regantes del Medio Vinalopó y L’Alacantí ha solicitado también el apoyo de la Diputación para pedir la exención de los costes de amortización del trasvase Júcar-Vinalopó. Toda la Comisión del Agua ha respaldado esta petición que será llevada al pleno de la institución provincial.
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