Estaba previsto que la ex alcaldesa de Orihuela se sentara en el banquillo el próximo 29 de mayo
La ex alcaldesa de Orihuela y actual portavoz del grupo municipal popular de esta localidad, Mónica Lorente, no tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados el próximo 29 de mayo como estaba previsto por el conocido como ‘caso de la Plaza del Escorratel’.
La Audiencia Provincial de Alicante ha anulado la apertura del juicio oral tras admitir un recurso interpuesto por Lorente, por lo que la causa vuelve a la fase de instrucción. Ha sido la propia ex regidora quien ha dado a conocer esta noticia de la que ella tuvo conocimiento el pasado viernes por parte del Juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela. La popular ha calificado esta nueva situación de «muy positiva a título personal» pero sobre todo a nivel político porque, pese a que su condición continúa siendo la de imputada, «ya no soy una persona procesada y a esta denuncia le queda muy poco recorrido».
Según ha explicado Mónica Lorente, el recurso admitido por la Audiencia Provincial admite que ha habido indefensión contra la acusada porque algunas pruebas, tanto documentales como testificales, presentadas en tiempo y forma no fueron admitidas y ahora se tienen que incluir para más garantías en el proceso judicial. En este sentido, ha señalado que en la fase de instrucción, en la que se tomó declaración a la ex regidora, no se tuvieron en cuenta los testimonios de todos los técnicos implicados en el procedimiento que ahora, y a petición de los abogados de Lorente, sí podrán testificar.
Con las nuevas aportaciones la popular espera demostrar que no existió siquiera «imprudencia administrativa» en la adjudicación de la Plaza del Escorratel.
Cabe recordar que Los Verdes denunciaron en el año 2010 que las obras de reforma de la plaza situada en la partida rural del Escorratel fueron adjudicadas de forma oficial dos meses después de que la entonces regidora oriolana la inaugurara. En concreto, y según denunció la formación ecologista la plaza se inauguró el 4 de julio de 2008, y la junta de gobierno aprobó la adjudicación el 25 de julio de 2008.
Lorente se ha mostrado confiada en que la Justicia archive la causa y ha asegurado que Los Verdes, quienes interpusieron la denuncia, tendrán que asumir su responsabilidad por «intentar quitar a adversarios políticos más fuertes a través de los juzgados».
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