El exalcalde de Callosa presentó ayer su renuncia como edil tras conocer el fallo firme que le condena por un delito de negociaciones prohibidas
Javier Pérez en una imagen de archivo
El exalcalde de Callosa de Segura, Javier Pérez, presentó ayer su dimisión como concejal del Ayuntamiento después de conocer que la Audiencia Provincial de Alicante ha ratificado su condena a tres años de inhabilitación por un delito de negociaciones prohibidas. Pérez formaba parte del grupo de ediles no adscritos desde junio de 2016 cuando el Partido Popular decidió expulsarlo tras ser condenado por el Juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela.
La sentencia dio por probado que Pérez Triguero presentó un total de cinco solicitudes al Ayuntamiento de Callosa entre marzo de 2007 y septiembre de 2009 como administrador único de la sociedad mercantil Procamper SL mientras él mismo ostentaba el cargo de alcalde de la localidad, siendo todas ellas aprobadas por el entonces concejal de Urbanismo, quien durante el juicio manifestó que había obrado con “absoluta independencia e imparcialidad en las concesiones de esas licencias”.
Ahora el fallo de la Audiencia Provincial ratifica la condena por un delito de negociaciones prohibidas. La resolución, que es firme, pone fin a la carrera política de Javier Pérez, al menos en los próximos tres años. Pérez fue alcalde de Callosa entre 2003 y 2015 con el Partido Popular y durante la presente legislatura ejerció como portavoz del PP hasta su expulsión.
«Es una sentencia firme y antes de que me envíen la notificación diciéndome que acate la sentencia he decidido hacerlo yo», ha manifestado Pérez. El exregidor ha asegurado que ha habido una «persecución implacable» por parte del Fiscal Anticorrupción hacia su persona. «Existe una animadversión evidente», ha dicho.
Pérez ha recordado que todo empezó en el 2007 por una investigación de oficio que inició la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta financiación de la campaña electoral del Partido Popular de Callosa por parte de una empresa. A raíz de esta investigación, que se archivó porque no había nada, apareció una promoción de viviendas que hice en 2008. «Por esto el fiscal saca la conclusión de que yo he podido incurrir en un delito por pedir licencias de obras para construir que son perfectamente legales. Si las licencias las hubiera pedido mi mujer o mi socio no hubiera tenido ningún problema», ha dicho Pérez.
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