Al estimar los recursos presentados, la Federación Española de Fútbol no tenía que haber incluido al equipo oriolano en la Segunda División B la pasada temporada, tras el descenso a Tercera por no depositar el aval de 200.000 euros
La Audiencia Provincial de Alicante ha cerrado el conocido “Caso Orihuela”, al estimar los recursos interpuestos por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la AFE contra el Auto del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante con sede en Elche, que obligó la inclusión del Orihuela en la Segunda División B la pasada temporada después de su descenso administrativo por no depositar el aval de 200.000 euros que se le exigía desde la Federación. Este nuevo auto judicial no afecta al club oriolano, que sólo ha sido condenado a pagar las costas de algo más de 50 euros.
La Audiencia Provincial destaca que para participar en la competición no basta con la acreditación de unos méritos deportivos, sino que también es necesario acreditar unos requisitos económicos, sin que pueda utilizarse como pretexto para su elusión, el hecho de encontrarse en situación de concurso de acreedores.
Igualmente, se enfatiza en que el sistema de avales establecido por la RFEF es de aplicación directa y preferente a la Ley Concursal, cuyos principios deben ceder ante la normativa reguladora de participación en la competición y resulta de obligado cumplimiento para todos los clubes afiliados a la RFEF, sin que el juez del concurso pueda impedirlo.
La Segunda División B se compuso en la temporada 2012/2013, de 81 equipos, por la inclusión, por mandato judicial, del Orihuela, un club que, según la Federación, no cumplía con los requisitos de participación exigidos al resto de contendientes. Un año más tarde, la Audiencia Provincial de Alicante “ha confirmado la postura de la RFEF y de la AFE en defensa de la igualdad entre los competidores y validado las reglas reguladoras de la competición, que son auténticas normas de obligado cumplimiento para todos los clubes”, aseguran fuentes de la RFEF.
Sin problemas en caso de ascenso
El auto judicial es firme e irrecurrible y condena en costas al Orihuela, si bien la cantidad de algo más de 50 euros a la que ascienden esas costas ya fue depositada por el club hace un año como aval para presentar el recurso de apelación contra la decisión de la RFEF, porque lo que no tendrá que pagar nada.
La única duda que surge ahora es si esta sentencia puede acarrear problemas al Orihuela en caso de ascender esta temporada a Segunda B, en relación a que la RFEF exija al club el aval de los 200.000 euros para militar en la categoría. Sin embargo, el presidente de la entidad oriolana, Antonio Felices, ha despejado todas las dudas asegurando que las propias normas federativas reflejan que sólo se pide aval a los equipos que han mantenido deudas con sus jugadores en las tres últimas temporadas, pero en el caso del Orihuela, al término de esta campaña se cumplirían los tres años sin deudas, por lo que no se le podría exigir el aval.
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