La Audiencia autoriza la investigación en las fincas afectadas por los lixiviados en La Murada

El Ayuntamiento nombrará a varios peritos que se encargarán de realizar análisis en los terrenos para esclarecer «el riesgo existente de verter en el cauce alimentario productos agrícolas tóxicos»

La Audiencia Provincial de Elche ha autorizado en un auto la entrada a las parcelas de la finca Lo Sigüenza para comprobar el riesgo de los lixiviados que se encuentran en estos terrenos. De esta forma, la Audiencia atiende un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Orihuela en el que solicitaba la adopción de medidas cautelares y la paralización de los trabajos de replantación para que se pudiera proceder a la retirada de los residuos y restaurar el terreno afectado mientras el Ayuntamiento, de acuerdo con el juzgado, realizaba prospecciones en el terreno.

El alcalde de Orihuela, Monserrate Guillén, ha dado a conocer este viernes este auto que autoriza además al Consistorio a nombrar a peritos para que se encarguen de realizar las inspecciones y análisis necesarios en los terrenos afectados, para esclarecer «el riesgo existente de verter en el cauce alimentario productos agrícolas tóxicos» tras los enterramientos de basura que han podido haber originado la aparición de lixiviados.

El regidor ecologista ha anunciado además que este auto de la Audiencia Provincial se enviará al Contencioso-Administrativo de Elche, donde se dirime el cierre del vertedero de Proambiente en la parte de Orihuela.

De esta forma, se da un paso más en la investigación de los enterramientos en fincas de La Murada, unos hechos que fueron puestos en conocimiento de la Justicia por primera vez en 2012 por el entonces concejal de Medio Ambiente, también de Los Verdes, Manuel Culiañez.

En este sentido, Guillén ha lamentado que «hemos perdido tres años» en esta investigación, ya que en 2013 el juzgado denegó las medidas cautelares solicitadas por el Ayuntamiento para entrar en las fincas afectadas por los enterramientos. El gobierno local interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que decidió el pasado 8 de mayo aceptar la petición del Ayuntamiento y permitir la entrada en la finca.