El coordinador local asevera que desde su formación se traba para devolver el poder a los ciudadanos y dar respuesta a cuestiones relacionadas con el paro, la sanidad y la educación
La Asamblea General de UpyD Torrevieja celebrada el pasado miércoles 26 de junio aprobó por unanimidad el informe de gestión del Consejo Local correspondiente al primer trimestre del año. Su coordinador, José Serna, ha querido agradecer a los afiliados que han confiado en la gestión ejecutiva de la agrupación local.
Por otro lado, Serna ha desvelado parte de ese informe de gestión para que los ciudadanos conozcan cual es el trabajo diario de la formación magenta y, de alguna manera, abrir esta formación a la sociedad; una formación que asegura Serna “sigue creciendo en número de afiliados pese a la situación de la economía”. Además el dirigente progresista ha asegurado que su formación está abierta “a admitir con nosotros a ciudadanos con talento, generosos, con vocación de servicio público y a residentes internacionales con ganas de trabajar por mejorar la calidad de nuestra democracia en Torrevieja y para una estructura de delegados de UPyD por barrios”.
Respecto al trabajo político de la formación que dirige Rosa Diez, Serna ha explicado que los temas prioritarios para UPyD son el paro, del que aseveró que su leve descenso “se debe a un indicador coyuntural consecuencia de la temporada turística de verano y no estructural como nos quiere hacer ver el PP”, al tiempo que apostilló que su formación apuesta por el contrato único; la sanidad de la que asevera que su situación es consecuencia directa de “su gestión politizada y los puestos de trabajo a dedo con intereses de partido; la perversión de la democracia creada por el PP local con el fomento del indigno clientelismo”; la solución a temas educativos tan graves como las infraestructuras escolares y la corrupción.
Por último, ha destacado la imputación de Eduardo Dolón y cuatro concejales del equipo de gobierno por un presunto delito electoral, una cuestión que Serna cataloga como “perniciosa para el buen funcionamiento de la democracia y la buena atención al ciudadano”.
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