La asociación AEXJU denuncia que la Agencia Tributaria ha reclamado a muchos exemigrantes de la Vega Baja la renta desde 2009 con sanciones que alcanzan los 14.000 euros
Los jubilados que en los años 60 y 70 inmigraron a otros países para trabajar y ahora reciben pensiones del extranjero son el último objetivo de la Agencia Tributaria que, desde hace meses, viene requiriendo a este colectivo que declare estas pagas. Así lo ha denunciado hoy Miguel Martínez, presidente de AEXJU (Asociación de Exemigrantes Jubilados), quien ha narrado que están recibiendo cartas «amenazadoras» por parte de Hacienda en las que le reclaman que deben declarar las pensiones obtenidas en otros países desde el año 2008.
Una situación insólita que obedece, según ha explicado Martín, a que el Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro está aplicando la ley 35/ 2006 que establece que los jubilados que cobran menos de 22.500 euros al año no están obligados a presentar la declaración de la renta, pero si los contribuyentes reciben más de una paga y los ingresos superan los 11.200 euros anuales deben declararlos. Una normativa que a pesar de estar en vigor desde hace años no se había aplicado con gobiernos anteriores.
Esta situación está afectando a muchos de los 30.000 pensionistas de la Vega Baja que reciben una paga del extranjero. Martínez ha explicado que en Callosa un jubilado en esta situación ha tenido que vender bienes patrimoniales para hacer frente al pago exigido por Hacienda. Otros, explica, se han visto obligados a sacar un préstamo. Pero no todos pueden abordar esta situación con las pensiones que reciben ya que en algunos casos las sanciones pueden alcanzar los 14.000 euros.
La asociación AEXJU ha nacido con la finalidad de luchar contra esta situación que los exemigrantes jubilados consideran «injusta» y además con la vocación de asesorar a las personas que se encuentran en esta situación. Su presidente se ha encadenado hoy en la delegación de Hacienda de Orihuela como medida de protesta.
«Pensamos que vamos a ganar esta lucha políticamente y si no iremos al tribunal de Estrasburgo porque no hay ninguna ley en Europa tan castigadora como esta», señala Martínez.
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