El alcalde invitaba a los ediles a todas las Juntas de Gobierno sin ser miembros de ella, presuntamente, para que pudieran cobrar un complemento económico
El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela ha imputado al alcalde de Catral, Pedro Zaplana (APC) y a tres de sus concejales, Francisco Manuel Grao (APC), Águeda Pérez Barquino (APC) y Roberto Llopis (PSOE) por un presunto delito de prevaricación administrativa por percibir de manera sistemática una indemnización por asistencia a las Juntas de Gobierno local sin ser miembros de este órgano.
El objetivo de esta práctica irregular sería dar cobertura a la asignación de unas retribuciones económicas devengadas periódicamente y de modo permanente a favor de estos concejales que no les corresponderían al no ser miembros de la Junta de Gobierno Local, ni estar aprobado por el Pleno, utilizando presuntamente esta práctica irregular a modo de sueldo encubierto.
El alcalde, Pedro Zaplana, habría estado utilizando presuntamente la artimaña de invitar sistemáticamente a varios concejales de su equipo, a asistir a las sesiones que se celebran semanalmente de la Junta de Gobierno, de la que no forman parte, y de este modo, pagarles por su asistencia, todo ello exclusivamente según su criterio, favoreciendo una práctica de clientelismo político, fuera del alcance del control del Pleno de la Corporación. Por dichos pagos que presuntamente han recibido los tres concejales investigados, se habrían embolsado un total de 30.160 euros.
El Grupo Municipal Popular tras advertir y avisar reiteradamente de esta presunta maquinación fraudulenta al alcalde del municipio, Pedro Zaplana, presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción por la posible comisión de un delito de prevaricación y malversación que la magistrada titular del mismo ha admitido incoando diligencias previas y declarando la causa compleja, a instancias del Ministerio Fiscal.
El equipo de Gobierno de Catral ha desmentido rotundamente la denuncia de los populares. En un comunicado explican que el mismo informe del Interventor municipal utilizado por Joaquín Lucas para poner la denuncia, certifica que los concejales no cobran una cantidad fija de 520 € al mes, ya que queda totalmente demostrado que Francisco Grao cobró legalmente 375,55 € al mes, Roberto Llopis 293,70 € al mes y Águeda Pérez cobra 345,43 € al mes.
También señalan que los tres concejales no han tenido nunca sueldo del Ayuntamiento, porque todos tienen sus trabajos privados, y las únicas cantidades que han cobrado los concejales Francisco Grao y Roberto Llopis entre marzo de 2013 y mayo de 2015, y Águeda Pérez entre junio de 2015 hasta la actualidad, por desempeñar sus Concejalías de Turismo, Sanidad, Comercio e Industria, Residentes Internacionales y Nuevas Tecnologías (Francisco Grao), Fiestas y Juventud (Roberto Llopis) y Servicios Sociales, Igualdad y Tercera Edad (Águeda Pérez), se corresponden con las indemnizaciones aprobadas por el Pleno por asistencias a las Juntas de Gobierno Local, órgano encargado de asistir al Alcalde y de ejercer las competencias que le delegan el Alcalde y el Pleno, a las Comisiones Informativas y a los Plenos.
Estas cantidades compensan a los concejales por el tiempo que su dedicación a la concejalía les impide realizar su trabajo privado, vida personal y familiar, y no se corresponden con una cantidad fija y permanente, es una indemnización que los concejales cobran sólo cuando se celebra Junta de Gobierno y siempre que asistan a la misma, a diferencia del sistema de indemnizaciones anterior a marzo de 2013 donde los concejales cobraban (entre ellos, Joaquín Lucas entre junio 2011 y marzo de 2013) una cantidad fija de indemnización aunque no fueran a la Junta de Gobierno.
También señalan que estos pagos no son encubiertos, porque las indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados fueron aprobadas por el Pleno, las órdenes de pago son fiscalizadas por el Interventor municipal, se realizan mediante transferencia bancaria, constan en la contabilidad municipal, se practica su correspondiente retención para el I.R.P.F., se declaran al Ministerio de Hacienda y se presentan ante el Tribunal de Cuentas, además de que todos los grupos políticos de la corporación (incluido el PP) tienen copia de las órdenes de pago desde el primer momento.
“El pago de indemnizaciones por asistencia a las Junta de Gobierno Legal, a los concejales que no tienen sueldo del Ayuntamiento, es totalmente legal, ya sea en calidad de miembro nato o como invitado”, indican.
Las Juntas de Gobierno Local, son órganos de asistencia al Alcalde y asumen las competencias que le delega el Alcalde o el Pleno (art. 23.2 Ley 7/1985), y en el mismo el Alcalde convoca a los Tenientes de Alcalde y puede convocar como invitados (art. 113.3 Real Decreto 2568/1986) a los concejales que tienen áreas delegadas para que asistan al Alcalde y al objeto de informar en lo relativo al ámbito de sus actividades.
Estos pagos se han ordenado por el Alcalde Pedro Zaplana entre marzo de 2013 hasta mayo de 2015 y por la concejala de Hacienda Inma Úbeda desde junio de 2015 hasta la actualidad, en virtud de Decreto de delegación de competencias.
Estos pagos que se realizan de forma mensual a los concejales, se realizan previa fiscalización e informe favorable del Interventor (Funcionario estatal que se encarga de fiscalizar que todos los pagos del Ayuntamiento se realicen ajustados a la Ley), y en más de 5 años nunca ha puesto reparo alguno a la realización de los mismos, además de informar y certificar en dos Informes de fecha 6 julio de 2016 y 25 de enero de 2018, que los pagos son totalmente legales.
Desde hace más de 25 años el Ayuntamiento de Catral y los Alcaldes del municipio, con la aprobación de los Interventores del momento, han utilizado las indemnizaciones que establece la Ley, previo acuerdo de Pleno, para abonar a los concejales que no tenían sueldo del Ayuntamiento, su asistencia a las Junta de Gobierno Local y su dedicación a la gestión de sus concejalías.
En el mismo informe del Interventor municipal que Joaquín Lucas utiliza para denunciar, el funcionario municipal certifica que durante el mandato político del Partido Popular entre junio de 2011 y Marzo de 2013, Joaquín Lucas cobró como concejal 438,46 € al mes (138,46 € por asistencia a las Juntas de Gobierno Local y 300 € fijos de indemnización, aunque no asistiera a las Juntas de Gobierno).
Estas cantidades que percibió el Sr. Lucas, al igual que muchísimos concejales en los últimos 25 años son totalmente legales, al igual que las indemnizaciones que incomprensiblemente él ahora denuncia, ya que la única diferencia es que desde marzo de 2013, el actual Equipo de Gobierno a instancias del Interventor municipal ha eliminado la indemnizaciones fijas de 300 € al mes, y ahora los concejales que no tienen sueldo del Ayuntamiento, sólo cobran por asistencias efectivas a las Juntas de Gobierno Local, ya sea en calidad de miembros natos o invitados.
En el hipotético supuesto de que la denuncia de Joaquín Lucas Ferrández prosperara, terminaría denunciándose a sí mismo y a sus propios compañeros del PP, como Pedro Mario Vicente, María Manuela Sánchez, Ainhoa Fernández, entre otros, porque ellos han cobrado por su dedicación, a través de las indemnizaciones que ahora denuncia, ya sea a través de una indemnización fija o por asistencia a la Junta de Gobierno Local.
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